El mes de febrero fue escenario de diversos embates en el sector público. Uno de ellos es el que mostró que el neoliberalismo, con su socia intrínseca, la corrupción, no se termina con una declaración solemne.
Desde el inicio del actual gobierno federal, llamó la atención que no se intentara derogar las reformas constitucionales en materia enérgetica de 2013. Lo cierto es que el peñanietismo se empeñó en su acelerada aplicación mediante rondas, subastas, contratos a 20 años favorables al sector privado con prioridad al capital trasnacional. Para 2018 todo ese entramado estaba en su apogeo. En ese contexto, durante dos años se ha buscado operar una política energética que redefina la rectoría del Estado, sin tocar la Constitución, lo cual tuvo uno de sus momentos críticos con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó recientemente elementos básicos de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional ( DOF, 15/5/20). Al resolver, el pasado 3 de febrero, la controversia constitucional 89/2020, la SCJN señaló que dicha política invade las facultades constitucionales de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), viola el derecho de libre competencia y da una “ventaja indebida” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en perjuicio de los productores privados de fuentes renovables.
El proyecto de la Corte ya se conocía. Suponemos que por ello se buscó otra salida, dos días antes, el 1º de febrero, el Presidente de la República presentó como iniciativa preferente, una propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que refrenda y amplía el documento normativo invalidado en la SCJN. En ella denuncia y cuestiona el proceso de privatización para entregar empresas públicas a particulares. Claramente ubica las reformas de Peña Nieto y considera urgente proteger a la CFE para mantener el compromiso de no aumentar tarifas a consumidores domésticos. Asimismo, establece las prioridades de despacho eléctrico. Es decir, primero se pondrá en el sistema eléctrico la energía generada por las hidroeléctricas de CFE; segundo, toda la demás energía generada por CFE; tercero, las energías de fuentes renovables generadas por empresas privadas y, finalmente, en cuarto lugar, la generada por las centrales de ciclo combinado del sector privado. Por si esto fuera poco, la reforma plantea la posibilidad de que sean cancelados los contratos de autoabastecimiento eléctrico que sean considerados fraudulentos, no obstante su vigencia activa por 20 años.
Hasta el 23 de febrero, cuando la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa sin modificaciones, se desplegó un amplio debate público, anticipando litigios dentro y fuera del país (las empresas estadunidenses y el T-MEC) escalando la implicación de las reformas a una virtual expropiación, denunciaron que en el artículo 4 de la propuesta de ley ya sólo se menciona que el servicio eléctrico es de interés público. Despareció el párrafo completo en que se subraya que la generación y comercialización debe darse en un ámbito de libre competencia. Indicaron que el gobierno de López Obrador opta por energías contaminantes. En defensa de la propuesta, tanto el Ejecutivo como Morena rechazaron que fuera inconstitucional y reafirmaron el argumento de la soberanía energética que quedó advertida en el propio T-MEC. Insisten en que el objetivo es fortalecer a la CFE y evitar que se siga endeudando por tener que subsidiar a las empresas privadas que se dedican también a la generación de electricidad en condiciones de privilegio, ya que no pagan por la interconexión, porteo, respaldo y, en general, por el uso de la red eléctrica.
Hoy la pelota está en la cancha del Senado. Ya anticipó Ricardo Monreal que tendrán que modificar el texto de la propuesta para evitar las inconsistencias jurídicas que den pie a impugnaciones. Sin duda puede haberlas, pues el basamento de la reforma energética de 2013 es constitucional y su lógica es de libre competencia, a su amparo las empresas han adquirido “derechos”. Desconocemos el desenlace en el Senado. Esta iniciativa presupone que se cuenta con la fuerza y consenso para retomar la rectoría del Estado. Habrá que volver los ojos al conjunto de proyectos prioritarios de la llamada 4T que antes que cuestionar al neoliberalismo lo promueven bajo un ideal de “progreso” que no se compadece del impacto para la vida de los pueblos. El 18 de marzo se conmemorará un aniversario más de una decisión sin parangón: el presidente Lázaro Cardenas decretó ese día la expropiación petrolera y esa decisión fue congruente con el conjunto de políticas sociales de su gobierno. No estaba afectando a campesinos o a indígenas, por ejemplo. Hoy nos preguntamos, fortalecer a la CFE, ¿hace indispensable iniciar la operación de la termoeléctrica de Huexca? ¿Se conformará la llamada 4T con desarmar sólo una de las aristas neoliberales?
