Washington. Una reforma migratoria integral en Estados Unidos podría brindar billones de dólares adicionales al PIB de Estados Unidos y México, según una nueva investigación pero en el corto plazo, el tema bilateral de mayor urgencia para el nuevo gobierno de Joe Biden es el apoyo de México para controlar los flujos migratorios que podrían detonar otra crisis en la frontera y una pesadilla política para la Casa Blanca.

Si la reforma migratoria integral propuesta por Biden en su primer día en la Casa Blanca y ahora sometida al Congreso -el proyecto de Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021- es aprobada e implementada, generará enormes beneficios económicos tanto a Estados Unidos como a México.

El análisis elaborado por el North American Integration and Development Center (NAID) de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) concluye que la propuesta Ley de Ciudadanía generaría más de 3 billones de dólares en PIB adicional a lo largo de 10 años como resultado de un incremento en productividad e ingreso brindados por la legalización y naturalización de la población inmigrante indocumentada (unos 11 millones) más nuevos flujos migratorios legales.

El doctor Raúl Hinojosa-Ojeda, director del NAID, señaló en entrevista con La Jornada que el informe preliminar (el final será presentado en el Senado en Washington en un par de semanas) indica que sólo con la legalización y ciudadanía de los denominados “trabajadores esenciales” indocumentados se generaría 1.5 billones en PIB adicional a lo largo de 10 años. Del total de los 7.8 millones de trabajadores indocumentados, un 77 por ciento son definidos oficialmente como “trabajadores esenciales”.

A la vez, agregó Hinojosa, la investigación calculó que la remesas a México y a los tres países del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) como resultado de los ingresos superiores de los beneficiados de una reforma, que incluye la legalización como de nuevos inmigrantes legales, podría alcanzar un total de más de un billón de dólares a lo largo de una década.

Si son utilizados con programas de inclusión financiera en programas de ahorros e inversión podría generar unos 100 mil millones de dólares de inversión en comunidades que envían migrantes.

Pero la prioridad en la coyuntura actual para el gobierno de Biden en la relación bilateral es el control de los flujos migratorios indocumentados. Aunque se abordó la migración en la reunión bilateral entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden el lunes, no se han ofrecido mayores detalles sobre lo que se discutió en ese (como otros) temas más allá de esa palabra tan repetida que ya no se sabe qué significa: la “cooperación”.

Fuentes del gobierno en Washington como expertos han subrayado que la gran preocupación inmediata de Biden es evitar una crisis migratoria en la frontera, las cuales sirvieron de pretexto para el gobierno de Donald Trump para promover sus políticas antimigrantes que el nuevo gobierno está intentando desmantelar.

Se registra un incremento dramático de migrantes detenidos en la frontera -según datos oficiales de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza- llegando a los niveles más altos en una década, unos 78 mil en enero. De esos, un 80 por ciento han sido expulsados.

Aunque el gobierno de Biden está desmantelando el llamado programa de Quédate en México para solicitantes de asilo, canceló la construcción del muro, busca reducir el número de deportaciones desde el interior del país y está impulsando su programa para reunificar a las familias separadas bajo órdenes de Trump, aún está usando la medida impuesta por el gobierno anterior que permite expulsar casi de inmediato a todos los migrantes indocumentados interceptados al cruzar la frontera bajo el pretexto del control de la pandemia.

Sin embargo, a diferencia del gobierno anterior, no está usando esa medida para expulsar a inmigrantes menores de edad no acompañados. Pero eso está generando otro problema sobre qué hacer con el alza dramática en el número de menores de edad no acompañados que están cruzando la frontera -cientos cada día- y se esperan miles más, la mayoría llegando desde Centroamérica. De hecho, se reporta que el gobierno está contemplando que se requiere espacio para 20 mil menores más, reportó Axios.

Pero al reabrir algunas instalaciones para alojar a los menores de edad, el gobierno de Biden se enfrentó a un coro de críticas por usar de nuevo los viejos centros de detención, aunque ahora no se llaman igual y aparentemente han sido mejorados. El gobierno de Biden ha insistido en que están haciendo lo mejor posible bajo las condiciones que heredaron mientras intentan desmantelar las viejas políticas “crueles” de Trump, y reitera que todo esto tomará tiempo y por lo tanto pide “paciencia”.

Sin embargo, para frenar o por lo menos disminuir esos flujos, sobre todo los provenientes de Centroamérica, Biden necesita que México continúe con algunas de las políticas de control fronterizo que se vio obligado a implementar bajo presión de Trump, incluyendo el despliegue de tropas de la Guardia Nacional a las fronteras.

Ambos gobiernos señalaron el lunes que para abordar estos temas, se requiere de mayor “cooperación”. Aún no se anuncia exactamente qué significa eso.