La construcción del proyecto Mítikah ha derivado en un aumento de hasta mil por ciento en el pago de impuestos y servicios imposible de cubrir por muchos habitantes del pueblo de Xoco, algunos de los cuales han vendido sus casas, a lo que se suma que ahora “el gobierno pretende entregar la calle Real de Mayorazgo”, denunciaron vecinos.

En una protesta que realizaron en el cruce de esa calle y avenida Universidad, con el cierre de cuatro de cinco carriles de esta última, acusaron a la Secretaría de Medio Ambiente de impulsar una consulta “amañada” para favorecer a la empresa Fibra Uno.

Su intención es construir un carril de acceso controlado con tarjetas electrónicas y plumas para los habitantes del lugar, el cual no es avalado por la Asamblea Ciudadana del Pueblo ni por la Comisión de Participación Comunitaria porque, dijeron, es una forma de exclusión social.

Por ello decidieron constituir el Consejo Vecinal Ciudadano con cinco residentes y siete representantes de Mítikah, a fin de que “el gobierno maquille de formalidad la consumación del despojo de Real de Mayorazgo, lo cual no vamos a permitir”.

Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en que la mayoría de los vecinos de Xoco están de acuerdo con las obras de mitigación que se realizan en dicha calle.

Destacó que los trabajos no implican inversión pública, incluido el deprimido que se ubicará en parte del terreno que pertenece a Mítikah, y aunque admitió “que hay algunas personas que todavía no están de acuerdo, difícilmente se puede llegar a la unanimidad, pero cuando la mayoría está de acuerdo, se toma en cuenta esta opinión; así es la democracia”.

En tanto, vecinos de Xoco, como René Rivas, Karina Martínez, Javier Rodríguez y Martín Castillo denunciaron que se vive un proceso de gentrificación acelerado en el pueblo de Xoco por la construcción o existencia de por lo menos seis desarrollos inmobiliarios en los alrededores.

Dicha situación ha incrementado el predial y el agua de manera desmedida, pues hace unos años una casa de 200 metros pagaba un impuesto de 2 mil pesos, y ahora su dueño debe desembolsar más de 25 mil pesos anuales por el “encarecimiento de la zona”.

Tal situación ha provocado que, sólo en los dos primeros meses del año, cinco inmuebles hayan sido vendidos y otros estén en ese proceso, como es el caso de dos colegios particulares, precisaron Rivas y Castillo.

Las autoridades capitalinas han implementado un “fobaproa inmobiliario” al intentar justificar la entrega y privatización de calles y bienes públicos a desarrolladoras, que han construido decenas de departamentos en esta zona de Benito Juárez.

Hoy, alertó Rivas, el desplazamiento de los pobladores ante la especulación inmobiliaria extinguirá a un pueblo originario y “sólo permitirá habitar en él a una élite privilegiada que pueda pagar precios de entre 6 y 40 millones de pesos por un departamento”.