Como parte del programa Quédate en México, Katy fue obligada a esperar en Ciudad Juárez, Chihuahua, a que una corte migratoria de Estados Unidos definiera su solicitud de asilo para ese país. En julio de 2019, la secuestraron mientras viajaba en un taxi y su familia tuvo que pagar un rescate de mil dólares. Al ser liberada, fue amenazada por los criminales: si denunciaba, la asesinarían.
En 2020, Dolores huyó con su esposo e hijos de Honduras. En Chiapas, una banda criminal ultrajó a la familia y la amenazó de muerte, por lo que se tuvieron que separar. Ella y su hija Sara llegaron solas a Ciudad Juárez, pero ahí fueron secuestradas y la mujer fue violada en reiteradas ocasiones frente a su niña. Lograron escapar y arribaron a Estados Unidos, pero las autoridades no escucharon sus súplicas y las regresaron. De nuevo, en un descuido de Dolores, abusaron sexualmente de su pequeña.
Cientos de migrantes han vivido experiencias parecidas como consecuencia de Quédate en México, vigente desde enero de 2019 y oficialmente llamado Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que fue emblema de la administración de Donald Trump, con el que se obligaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer en territorio mexicano en lo que sus casos eran definidos. Recientemente el presidente Joe Biden anunció su cancelación.
Del reporte sobre las personas retornadas a México debido al MPP, la organización civil estadunidense Human Rights First documentó, entre enero de 2019 y diciembre de 2020, mil 314 víctimas de diversos actos de violencia: secuestros, extorsiones, abusos sexuales, robos, amenazas, deportación y discriminación, entre otros.
En un análisis, el Instituto para las Mujeres en la Migración refirió que 90 por ciento de las víctimas fueron familias y personas del sexo femenino, y el resto hombres. Entre los agresores estuvieron involucrados integrantes del crimen organizado, policías locales o federales y agentes de otras corporaciones.
Las entidades donde se perpetraron más abusos contra los migrantes, en particular secuestros, fueron Baja California, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Tabasco, Ciudad de México, Nuevo León y San Luis Potosí.
Melissa, originaria de Venezuela, fue secuestrada y ultrajada en Reynosa, Tamaulipas. “Pensé que venía por el sueño americano, pero para mí ha sido una pesadilla americana”.
En diciembre de 2019 una mujer hondureña, de 23 años, y su hijo de cuatro fueron secuestrados cuando viajaban en un autobús de Nuevo Laredo a Monterrey, luego de ser regresados a México por el MPP. Durante la segunda noche de cautiverio uno de los criminales la ultrajó.
En enero de 2020 una solicitante de asilo, cubana de 20 años, fue violada tras ser devuelta a Matamoros. Por miedo, se mudó a otra entidad alejada de la frontera. Cuando fue citada a su audiencia en Estados Unidos para revisar el caso, no tuvo dinero para ir y la corte consideró que había abandonado su petición de refugio.
