Ciudad de México. Un juez de control del Centro de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró una orden de aprehensión en contra de seis integrantes de la familia Jenkins, heredera de la fortuna del empresario estadunidense William Oscar Jenkins, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El caso surgió de una disputa familiar por el control de la Fundación Mary Street Jenkins, que llevó en 2016 a Guillermo Jenkins de Landa, nieto de William, a denunciar a sus familiares por el supuesto desfalco de 720 millones de dólares, unos 14 mil 400 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Esta fundación colaboró financieramente para crear y mantener entidades como la Universidad de las Américas Puebla y el Museo Amparo, entre otras.

Según la denuncia, Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, crearon otra asociación civil, denominada Bienestar de Filantropía, a la cual transfirieron los fondos de la fundación original.

El movimiento de este dinero se realizó a través de bancos con sede en Barbados y Panamá, ambos paraísos fiscales.

Parte de estas operaciones se acordaron mediante la empresa “Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales”, de la cual era socio Luis Ernesto Derbez, quien fuera secretario de Economía y luego de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox.

Derbez fue nombrado como rector de la Universidad de las Américas Puebla.

Las investigaciones llevaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a determinar que dichas transacciones configurarían el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo cual solicitaron las órdenes de aprehensión.

La Fundación Mary Street Jenkins fue señalada por William Oscar Jenkins como la única heredera de su fortuna, decisión que desencadenó la disputa familiar que ahora atrajo la atención de las autoridades por la posible comisión de delitos federales.