Guadalajara, Jal., Un fraude por 128 millones de pesos se cometió en perjuicio del ayuntamiento de Tonalá entre marzo de 2016 y febrero de 2020, luego de que por un contrato firmado en 2014 con Mexiled para la sustitución y mantenimiento de luminarias de alumbrado público durante 20 años se estuvo pagando mensualmente en ese periodo a pesar de que la empresa incumplió los términos del contrato y éste fue rescindido.

Documentos obtenidos por La Jornada al amparo de la Ley de Transparencia indican que el 29 de septiembre de 2014 el entonces alcalde Jorge Arana negoció un contrato de prestación de servicios para el proyecto “Ahorro de energía eléctrica y sistema de alumbrado público municipal”, mediante una asociación público-privada.

El ganador de la licitación fue Mexiled, de Carlos Alberto Moyano, esposo de la munícipe de Puerto Morelos, Quintana Roo, Laura Fernández Piña, del Partido Verde Ecologista de México, quien a su vez ha otorgado a la empresa por lo menos cuatro contratos que suman 42 millones de pesos para ampliar la red de alumbrado público, convenios que no ha hecho públicos pese a que es obligación legal.

El contrato entre Tonalá y Mexiled estipulaba una vigencia de 20 años y un pago dividido en mensualidades por un total de 301 millones 631 mil, de los cuales 157 millones 346 mil serían usados para compra de luminarias LED, y los restantes 144 millones 284 mil pesos para “inversión en infraestructura”.

El convenio estipulaba dos etapas: la primera, sustitución del “sistema tradicional de alumbrado público, que actualmente opera con tecnologías dispares y en desuso” para evolucionar a un “funcionamiento seguro, eficiente y sustentable”, etapa que debía completarse para que se empezara a pagar la contraprestación mensual a Mexiled.

La segunda etapa incluía conservar y dar mantenimiento a 21 mil 100 luminarias y 422 circuitos exclusivos de energía para el alumbrado público, con un transformador por cada 50 lámparas.

La garantía en pago fue 10 por ciento de las aportaciones federales que recibe el municipio, fondos que llegaban a la Secretaría de Hacienda de Jalisco y que luego ésta depositaba en un fideicomiso administrado por Banorte, que a su vez transfería cada mes el dinero a la cuenta de Mexiled, a pesar de que, según el contrato, antes de pagar a la empresa la institución bancaria debía asegurar el pago por el gasto de consumo de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En octubre de 2015 llegó a la alcaldía el también priísta Sergio Armando Chávez Dávalos (quien en 2018 renunció al tricolor, pasó a Movimiento Ciudadano y ahora aspira a ganar la presidencia municipal postulado por Morena) y en marzo de 2016 comenzaron los pagos a Mexiled, aunque para entonces la empresa ni siquiera haber terminado la primera fase del convenio, entre otros incumplimientos.

Entre los causales de rescisión del contrato destaca que Mexiled debía haber terminado la primera fase antes de tres meses y que no comenzara a prestar los servicios de gestión integral (que incluían el pago de energía eléctrica a la CFE) dos meses después de la fecha de reconversión tecnológica.

Pese a los evidentes incumplimientos, Chávez Dávalos no detuvo la sangría mensual por un servicio que no prestaba la compañía.

Los 128 millones de pesos pagados a Mexiled desde marzo de 2016 incluyen 12 millones 200 mil pesos que recibió entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, después de que fue revocada una suspensión para que la compañía siguiera cobrando y a pesar de que el ayuntamiento ya había pedido a la Secretaría de Hacienda estatal y a Banorte que no siguieran depositando en la cuenta de Mexiled.

Además, desde 2018 el ayuntamiento ha tenido que pagar 49 millones 300 mil pesos a la CFE, cuando ese servicio debió ser cubierto por Mexiled.

El actual gobierno de Tonalá, encabezado por Juan Antonio González Mora, de Movimiento Ciudadano, comprobó en octubre de 2018, cuando apenas empezaba, que Mexiled había instalado entonces sólo 6 mil 36 luminarias de las 21 mil 600, “muchas de las cuales se encontraban en malas condiciones o no funcionaban, ya que los circuitos en que se instalaron se encontraban inconclusos o en mal estado”.

Se rescindió entonces el contrato, lo que desencadenó un pleito legal que incluyó amparos, suspensiones y una resolución en favor del ayuntamiento de que el proyecto debió ser aprobado desde el principio no sólo por el cabildo sino también por el Congreso local y publicado en el periódico oficial del estado, lo que nunca ocurrió.

Adicionalmente, el 30 de septiembre pasado el ayuntamiento presentó ante sede de la Fiscalía General de la República en Guadalajara una denuncia y la ratificó en octubre. Pide deslindar responsabilidades no sólo de Mexiled, sino también de Banorte por seguir entregando el dinero del fideicomiso a la compañía pese a que no se recibió la contraprestación pactada.