Columbus. En un momento en que está a punto de distribuirse otra ronda de ayuda a los desempleados, las entidades en Estados Unidos son golpeadas por una nueva ola de fraudes, ante lo cual procuran actualizar sus sistemas de seguridad y bloquear a estafadores que ya han desviado miles de millones de dólares de programas destinados a apoyar a las personas que se quedaron sin trabajo por la pandemia.
De acuerdo con la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo, desde marzo de 2020 se han erogado más de 63 mil millones de dólares en pagos indebidos a través de fraudes y errores, aproximadamente 10 por ciento del total pagado como parte de los programas contra el desempleo relacionados con la pandemia del coronavirus.
El Departamento de Justicia investiga los fraudes por desempleo perpetrados por “organizaciones delictivas trasnacionales, perpetradores nacionales sofisticados, e individuos en todo Estados Unidos”, aseguró Joshua Stueve, portavoz de la división penal de la agencia.
El fraude masivo se deriva de robos de identidades. Los estafadores, en ocasiones en China, Nigeria o Rusia, adquieren información personal de identificación robada en Internet y la utilizan para inundar los sistemas estatales de apoyo a desempleados con solicitudes falsas.
Los fraudes están perjudicando a los contribuyentes, provocando demoras en los pagos legítimos y convirtiendo a miles de estadunidenses en víctimas de robo de identidad. Muchos estados no han logrado proteger adecuadamente sus sistemas, y algunos ni siquiera reconocerán públicamente la dimensión del problema.
