La política pública de atención a víctimas en México “tiene deficiencias en el diseño y la implementación de sus componentes”, ya que las instituciones involucradas en el tema no actúan de forma coordinada y carecen de datos para saber si sus medidas de protección y reparación integral se cumplen adecuadamente y ayudan a los beneficiarios a retomar su proyecto de vida.
Así lo indicó un estudio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el cual se alertó que de 2015 a 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cada vez erogó más recursos, pero sus ingresos presupuestarios no crecieron, por lo que en los próximos años no habrá fondos suficientes para atender la demanda.
Como parte de las entregas recientes sobre la Cuenta Pública 2019, el organismo fiscalizador realizó una auditoría de evaluación de las políticas públicas en la materia, en la cual analizó la actuación de la CEAV, pero también su nivel de trabajo conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación, entre otros organismos.
En su estudio, la ASF determinó que las medidas de atención otorgadas por el gobierno federal a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos “no son adecuadas, suficientes ni oportunas para garantizar sus derechos a partir de sus particularidades y necesidades diferenciadas”.
Una de las principales fallas en este ámbito, alertó el organismo, es que las instituciones que otorgan reparaciones integrales no ofrecen datos consolidados para saber cuántos recursos humanos, materiales y económicos usan para proteger a las víctimas, y si éstos son suficientes para atenderlas de forma adecuada.
Por otra parte, el estudio advirtió que la propia Ley General de Víctimas tiene insuficiencias que dan pie a falta de coordinación, pues aunque “es de observancia nacional, no es exhaustiva ni explicita obligaciones individuales y conjuntas para el total de instituciones que intervienen en la ejecución de cada componente” de la norma.
En su análisis –de 332 páginas–, la ASF advirtió que los organismos que atienden a las víctimas en México “carecen de información para conocer en qué medida la instrumentación de medidas de protección y reparación integral fueron cumplidas”, y por ende “no acreditan cómo es que su labor promueve el desarrollo de resiliencia en las víctimas que les permita superar su vulnerabilidad y restablecer su proyecto de vida”.
Asimismo, puntualizó que de 2015 a 2019 hubo un crecimiento de los montos otorgados a víctimas, al pasar de 47 mil 039 millones de pesos a 980 mil 124 millones, al mismo tiempo que los ingresos presupuestales del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral –hoy extinto—disminuyeron, por lo que “de continuar esta tendencia, los recursos serán insuficientes para atender la demanda en los próximos años”.
