La Fiscalía General de la República (FGR) exige que Rosario Robles Berlanga pague como reparación del daño 5 mil 500 millones de pesos para que acepte negociar con la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) un procedimiento abreviado y el beneficio de un criterio de oportunidad y, de esa manera, tenga posibilidad de recuperar su libertad. La defensa de la imputada aseguró que el delito que cometió no amerita el pago de esos recursos.

Lo anterior, durante la audiencia intermedia del proceso que se sigue a la también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en el Reclusorio Sur, adonde fue trasladada ayer para estar presente en la diligencia.

La audiencia, que finalmente no fue desahogada, tuvo una duración de dos horas, ya que por tercera ocasión el juez de control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, la difirió por acuerdo de la FGR y los abogados de Robles. Se programó para el 26 de marzo.

Robles está acusada de ejercicio indebido del servicio público y causar un daño al erario federal estimado en 5 mil 500 millones de pesos cuando estuvo al frente de Sedesol y Sedatu entre 2012 y 2018, cuando mediante la intervención de universidades públicas de diversas entidades y a través de empresas fachada se realizó la contratación de bienes que no se entregaron y obras que no se llevaron a cabo.

De acuerdo con investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la FGR, los colaboradores de Robles utilizaron mecanismos de falsificación de firmas para que se desviaran recursos a campañas políticas, a cuentas de empresarios y de servidores públicos. El cúmulo del desvío de recursos se conoce como estafa maestra.

Durante la audiencia –a puerta cerrada como parte de las medidas sanitarias impuestas ante la pandemia de Covid-19–, se analizó la petición de Robles de obtener el beneficio de un procedimiento abreviado (lo que disminuiría a dos años, el plazo mínimo, la condena por ejercicio indebido) y también la posibilidad de ganar beneficios jurídicos con el llamado criterio de oportunidad y que no se le imputen nuevos cargos a cambio de aportar elementos de prueba que revelen a todos los involucrados en la estafa maestra.

Sin embargo, los representantes del Ministerio Público señalaron que no hay condiciones para otorgarle ningún beneficio, porque Robles se ha negado a reparar el daño causado al erario, y solicitaron que se llevara a cabo la diligencia intermedia.

La posición de la FGR fue secundada por representantes de la ASF y señalaron que no hay interés de la imputada en cubrir el daño financiero.

Al respecto, Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, declaró que el juez consideró que la FGR incumplió su orden de buscar un acercamiento con la ex funcionaria, y por ello se buscará llegar a un arreglo con el Ministerio Público, de “tal manera que lo que haremos en el transcurso de la próxima semana será presentar una nueva propuesta, que será debidamente desglosada, de cuál sería la pretensión de la pena y cuáles serían los alcances de la misma. El agente del Ministerio Público estará en condiciones de contestarnos y hacer el acercamiento correspondiente”.

Al término de la audiencia, Robles fue retornada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde está presa desde agosto de 2019.