Aunque las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa han registrado algunos avances durante el actual gobierno, éstos siguen siendo insuficientes para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos y castigar a los responsables de los hechos, por lo que es necesario que las autoridades aceleren sus indagatorias, señalaron los padres y madres de los estudiantes.
Durante un mitin virtual realizado este viernes para conmemorar los 77 meses de la desaparición forzada de los jóvenes, Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43, saludó el mensaje dado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 24 de febrero en Iguala, Guerrero, en el cual señaló que lo ocurrido con los normalistas “es una herida abierta en el alma de nuestro país”.
Si bien dichas afirmaciones ayudan a mantener vivo el tema en la agenda nacional y “nos dejan con la tranquilidad de que la investigación seguirá abierta y se harán todas las búsquedas necesarias”, todavía hay muchos pendientes en los cuales no se ha avanzado con la suficiente rapidez, consideró el litigante.
“Los testimonios que se han hecho públicos y otros que se están revelando son datos relevantes que nos llevarán a saber qué ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014, por eso pedimos al gobierno que acelere el paso, que acelere las investigaciones y la acción penal contra (el ex procurador Jesús) Murillo Karam, donde no vemos avances”, apuntó.
De igual manera, Rosales pidió que se siga indagando la presunta participación del Ejército en el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, así como de elementos de la Policía Federal y diversas policías municipales del estado de Guerrero; anunció que en cuanto concluya el semáforo rojo de riesgo epidemiológico en esa entidad, los padres y madres reanudarán sus labores de búsqueda de campo en Iguala, Cocula, Carrizalillo y Tepecoacuilco.
Por su parte, Clemente Rodríguez –padre del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, cuyos restos fueron reconocidos en julio de 2020– coincidió en que el gobierno de López Obrador tiene voluntad política para resolver el caso, pero “lo que le hace falta es decisión” para actuar en contra de todos los involucrados.