La administración del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca –señalado por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y lavado de dinero– en Tamaulipas ha acumulado diversos señalamientos por violaciones graves a los derechos humanos, muchas de ellas presuntamente cometidas por el Grupo de Operaciones Especiales en Seguridad Pública (Gopes) del estado.
Al menos 12 elementos de dicha agrupación, creada apenas en agosto de 2020, han sido acusados de participar en la masacre de 19 migrantes en el municipio de Camargo, perpetrada el 22 de enero de este año, pero esa no ha sido la única ocasión en que los miembros del Gopes se han visto involucrados en denuncias por supuestos abusos.
Como se informó en este diario (23/1/21), unas 30 familias originarias de Ciudad Mier se vieron obligadas a huir de sus casas a mediados del mes anterior, luego de que integrantes del citado agrupamiento especial reprimieron con uso excesivo de la fuerza una manifestación en la que los pobladores rechazaron las incursiones violentas que los uniformados habían realizado en más de una ocasión.
Durante una serie de allanamientos ilegales realizados el pasado 6 de enero, tanto por Gopes como por policías estatales –señalaron las víctimas de desplazamiento forzado–, los agentes se llevaron detenidas a dos personas, las cuales presuntamente fueron entregadas a grupos de la delincuencia organizada; su paradero aún se desconoce.
Otro episodio de violaciones graves a los derechos humanos ocurrido durante el gobierno de García Cabeza de Vaca tuvo lugar el 5 de septiembre de 2019, cuando agentes de la Policía Estatal y del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET, el cual después se renombró como Gopes) ejecutaron extrajudicialmente a ocho presuntos criminales en la colonia Valles de Anáhuac. En su momento, La Jornada informó que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo había documentado que las víctimas tenían evidencias de disparos a corta distancia y que el lugar de los hechos había sido manipulado para simular que había habido un enfrentamiento.
Durante su mandato también se registraron las ejecuciones extrajudiciales de varios civiles por parte de fuerzas de seguridad federales y estatales –al menos siete casos entre noviembre de 2019 y julio de 2020– y la desaparición forzada de 21 hombres y dos mujeres, ocurridas entre febrero y mayo de 2018.
