Ciudad de México. Se pervirtió tanto el mercado de la subcontratación que al final el negocio era “quién robaba más al fisco”, acusó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, luego de que se difundiera que hay una orden de aprehensión contra Raúl Beyruti, El rey del outsourcing.

Como referencia, de 4 mil empresas dedicadas a este negocio, sólo 40 cumplen con sus impuestos.

Romero Aranda advirtió que las irregularidades en el pago de obligaciones vinculadas al trabajo alcanzan varios esquemas, por ejemplo, están por presentarse alrededor de 100 querellas contra personas bajo asimilados a salarios que nunca enteraron a Hacienda.

Sin hablar expresamente del caso de GINgroup, explicó que la subcontratación no se limitó a ser un mecanismo para que las empresas redujeran costos, el abuso llegó al grado de que además de subregistrar a los trabajadores con salario mínimo, se les daba de alta frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo un día del mes, detalló en el tercer Congreso Nacional de Reformas Fiscales 2021, convocado por Thomson Reuters.

Al presentar el libro Outsourcing, tercerización o subcontratación laboral, de Romero Aranda, el director general del IMSS, Zoé Robledo, expuso que muchas de las empresas dedicadas a la prestación de estos servicios son de papel; cuando se inician acciones de fiscalización desaparecen y luego abren otra razón social, con lo que dejan una estela de adeudos incobrables.

En un caso reciente, sobre el que no abundó ni señaló nombres, se encontró que los trabajadores estaban registrados con un sueldo base de 166 pesos; iniciadas las auditorías se encontró que éste debía ser de 865, 421 por ciento más. “De ese tamaño se ha abusado de estos modelos”.

Destacó que tres empresas concentran 242 mil puestos de trabajo en tercerización, con un salario promedio de cotización de 243 pesos, cuando el promedio en el sector ronda 386. Esto representa una evasión en cuotas obrero-patronales de 773 millones de pesos anuales, además de todos los derechos laborales que se vulneran a los empleados.

Romero Aranda dijo que lo más probable es la aprobación de la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la subcontratación. Se espera que la Cámara de Diputados lo resuelva en este periodo de sesiones, así que las empresas que tienen su nómina en este esquema deberían iniciar el periodo de transición, y las que arrastran adeudos, ponerse al corriente. “Es muy sencillo: línea de captura u orden de captura”.

Agregó que mediante el trabajo coordinado entre la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de dar seguimiento a las factureras y a las empresas que omiten el pago de contribuciones laborales, también se sigue los actos de corrupción de políticos.

Explicó que se investiga por defraudación fiscal a cualquier funcionario o ex funcionario público que recibió ingresos no reportados o que no van con su declaración patrimonial. Como contexto, el martes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República busca investigar por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.