Los sectores donde se han registrado más asesinatos de defensores ambientalistas son en la minería, la agroindustria y en la problemática de la deforestación, señaló José Luis Samaniego, director de la división de desarrollo sostenible y asentamientos humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En un conversatorio sobre las implicaciones y oportunidades de la implementación del Acuerdo de Escazú, expuso que en la región, Honduras, Colombia y México son de los países más letales tanto para los activistas como para los periodistas involucrados en estos temas.
De igual manera, resaltó que América Latina “está tocando sus límites en términos, por ejemplo, de la degradación de los suelos”. Mencionó que las tierras degradadas suman aproximadamente 60 por ciento en el conjunto de la región.
Además, dijo, “tiene el mayor índice de pérdida de biodiversidad del mundo”, ya que entre los años 90 y 2015 perdió 5 puntos porcentuales de la cobertura de los bosques. En este sentido, Samaniego agregó que Latinoamérica “es enormemente vulnerable a los impactos del cambio climático”, lo que se refleja en el aumento de los fenómenos extremos que se han registrado.
Sobre el Acuerdo de Escazú, formalmente llamado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el cual entra en vigor el 22 de abril, mencionó que si se quiere hacer las cosas mejor, este instrumento ofrece esa oportunidad.
