No puede faltar una cumbia y el ligero aroma a chile seco en los pasillos del mercado Hidalgo, a pocas cuadras de la central de autobuses en la ciudad de Puebla. Cuenta con más de mil 500 puestos establecidos, que venden desde abarrotes hasta verduras, comida típica como cemitas, memelas y adobos, flores, peces tropicales, bocinas, ropa y mucho más.

Igual que en el resto del país y el mundo, el mercado Hidalgo ha sufrido graves bajas económicas desde que inició la pandemia hace poco más de un año. “Han bajado tanto las ventas que muchos compañeros ni siquiera tienen ya para llevar los alimentos a sus hogares”, me comenta Álvaro Peña, quien vende juguetes en el mercado.

Los vendedores de este mercado forman parte de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA), organización social que cuenta con miles de integrantes y casi 50 años de vida en la capital poblana.

Lejos de contar con apoyos estatales y federales en el contexto de la pandemia, los vendedores del Mercado Hidalgo, como la gran mayoría de los mexicanos, han tenido que lidiar con ingresos menores. También han experimentado los graves daños a la salud y las enormes pérdidas humanas sufridas por el nuevo coronavirus.

En marzo pasado, el gobernador poblano, Miguel Barbosa, dijo: “Si ustedes son ricos, están en riesgo, los pobres no. Los pobres estamos inmunes”.

Apenas tres semanas después, a mediados de abril, Barbosa dio un giro a su forma de abordar la pandemia: ya no eran inmunes los más pobres, según el mandatario, sino que la gente que vive al día vendiendo en las calles era fuente de contagio. Dio tres días para que los vendedores ambulantes se retiraran del centro histórico de la capital y de los municipios del estado.

En diciembre, Barbosa insistió en que el ambulantaje en la ciudad “ha generado mayor movilidad y mayor riesgo de contagio”. Introdujeron multas más altas y sanciones a los ambulantes, que incluyen hasta 36 horas de cárcel, por lo cual han tenido que desplazarse a otras partes de la ciudad.

Integrantes de la comisión de comunicación del UPVA estiman que el número de vendedores ambulantes en el Mercado Hidalgo ha subido de 300 a 600, pues muchas personas han perdido sus lugares de venta.

La criminalización y el desprecio del ambulantaje en Puebla no es asunto reciente. Desde la década de 1970 los gobiernos municipales han hecho un esfuerzo coordinado para quitar los tianguis del corazón de la ciudad colonial. El mercado Victoria, edificio del siglo XIX ubicado a pocas cuadras del zócalo, fue transformado en un triste centro comercial en los 80, sus marchantes orillados a otras zonas.

La UPVA se fundó para resistir estos despojos y ha sido víctima de repetidos ataques armados, incluyendo el asesinato de Metzli Sarabia Reyna, activista e hija de Rubén Simitrio Sarabia Sánchez, líder de la organización.

A escala mundial, sabemos que la pandemia ha profundizado la desigualdad social. Pero México es de los países que menos apoyo ha ofrecido a la población: hasta la fecha, ha destinado 1.1 por ciento del PIB a estimulos fiscales, la octava parte que ha dado Brasil, y mucho menos que Perú, Argentina y Chile.

Ante la falta de recursos federales, el gobierno de Puebla empezó a promover préstamos a 14 por ciento de interés. Pero es poco probable que vendedores ambulantes y personas en el sector informal los puedan conseguir, por carecer de registros oficiales y constancias fiscales.

La falta de respuesta gubernamental ha atomizado más la sociedad. No sólo entran menos ingresos, sino que cada familia con hijos en la escuela tiene que organizar su conexión a Internet o con televisores para seguir las clases. Tampoco han habido apoyos para cubrir estos gastos nuevos relacionados con el cierre de escuelas.

“Esto es un problema público, éstos no son asuntos sólo privados, lo que ha hecho el gobierno en todos los ámbitos ha sido privatizar los problemas, cuando se trata de problemas públicos en los que precisamente el gobierno debería haber ofrecido soluciones”, precisó el politólogo Mariano Sánchez Talanquer en entrevista telefónica.

Cuesta entender cómo gobiernos de varios niveles que prometieron trabajar para transformar el país y poner en el centro a los pobres han dejado al grueso de la población sin recursos para guardarse, a la vez que estigmatiza a la gente por salir a trabajar.

“No sé cómo podemos llamar ‘presidente’ si no ayuda a la gente”, comenta Julia Rosas, vendedora de dulces y refrescos en el mercado Hidalgo. A escala estatal, afirma, “la gente se asusta, dice: ‘No vamos a tal parte’, y en cambio, se van a las tiendas grandes, y esas son las que apoya el gobierno”.

*Periodista canadiense, autora de Capitalismo antidrogas (2018) y Guerra neoliberal: desaparición y búsqueda en el norte de México (2020)