Bruselas. La Unión Europea (UE) declaró ayer persona non grata a la representante de Venezuela ante el bloque, Claudia Salerno, en respuesta a la decisión de Caracas de expulsar a la embajadora europea, Isabel Brilhante, según apuntó el consejo del bloque en una escueta nota oficial.

El miércoles, el gobierno de Venezuela declaró persona non grata a Brilhante y le dio 72 horas para abandonar el país. De acuerdo con la nota, la unión consideró esa decisión de Venezuela injustificada y “contraria al objetivo de la UE de desarrollar relaciones y construir asociaciones en terceros países”.

El jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, propuso la decisión de adoptar una medida equivalente contra la representante de Venezuela, indicó la nota.

La UE no puede expulsar sin embargo a la representante venezolana, ya que es una competencia del país huésped, explicó en julio de 2020 la diplomacia europea tras un pulso similar con Caracas.

La nota no hace así ninguna mención sobre una expulsión o un comunicado formal a la representación diplomática venezolana.

“He defendido a #Venezuela manejando la relación con la Unión Europea con sobriedad y respeto. Pero la independencia y la soberanía de nuestra patria no se negocian”, escribió Salerno en Twitter. “Gracias, querida embajadora por tu trabajo profesional”, le respondió por su parte el canciller del país sudamericano, Jorge Arreaza.

Además de ser la representante de Venezuela ante la UE, Salerno está acreditada como embajadora ante Bélgica y Luxemburgo.

La nueva escalada de tensiones entre Bruselas y Caracas estalló después de que el lunes los cancilleres europeos decidieran añadir a 19 funcionarios venezolanos a la lista de personas sancionadas por “socavar la democracia”. Con esta medida, el número de funcionarios venezolanos sancionados por la UE asciende a 55. Ante esa nueva ronda de sanciones contra Venezuela, el gobierno en Caracas reaccionó pidiendo la salida de la jefa de la misión de la UE.

El miércoles, una portavoz de Borrell formuló un llamado a que Venezuela revierta la expulsión.

La UE no reconoce el resultado de las elecciones legislativas realizadas en Venezuela en diciembre y, por lo tanto, desconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional surgida de esos comicios, controlada por el oficialismo. Estados Unidos tampoco reconoció esas elecciones.

En 2020, Borrell envió a Caracas a emisarios para negociar un aplazamiento de las votaciones para permitir a la UE desplegar una misión de observación electoral.

El esfuerzo no arrojó frutos y las elecciones se celebraron con el boicot de parte importante de la oposición venezolana.

Desde Washington, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado afirmó que “la decisión de Caracas de expulsar a la embajadora de la UE lo único que hace es aislar al régimen de Maduro”.

Agregó que el mundo sigue “unido en su llamado a un retorno de la democracia a Venezuela” y que Estados Unidos está comprometido a “trabajar con sus socios de la comunidad internacional para promover una rendición de cuentas por la situación en el país”.

En tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que 85 personas han sido acusadas formalmente de haber participado en la Operación Gedeón, el frustrado intento golpista de principios de mayo del año pasado que, según Caracas, tuvo participación de Colombia y Estados Unidos.

Saab presentó su informe anual a la Asamblea Nacional de Venezuela, en el que destacó la detención de una veintena de personas por el intento de magnicidio contra Maduro, en agosto de 2018, así como de otra treintena por el fallido golpe de Estado de abril de 2019.

Por la Operación Gedeón del pasado 3 de mayo, detalló que fueron identificadas 114 personas, de las cuales fueron capturadas 85, contra las que ya se presentaron cargos penales. Entre ellas figuran los estadunidenses Luke Denman y Airan Barry, imputados por terrorismo.

Hasta ocho ex militares venezolanos y mercenarios murieron en el intento de invasión en las playas de Macuto el 3 de mayo. En los meses posteriores fueron detenidas de varias personas relacionadas con el asalto, entre ellos ciudadanos estadunidenses, colombianos e israelíes, a quienes se les fincaron cargos de terrorismo, conspiración y tráfico de armas.

En los días posteriores, el gobierno venezolano mostró parte de un contrato que firmó el líder opositor Juan Guaidó con la empresa Silvercorp, dirigida por el ex boina verde estadunidense Jordan Goudreau, para ejecutar el golpe.

Goudreau confirmó la existencia del contrato, firmado en octubre de 2019, por un valor de 212 millones de dólares, pero sólo habría recibido 50 mil dólares por medio del consultor político Juan José Rendón, quien también reconoció su firma. Guaidó negó estar involucrado.