Guadalajara, Jal., Después de estar congelada dos años y medio, la Ley de Personas Desaparecidas fue aprobada de manera unánime por el Congreso de Jalisco, ante la presión de colectivos de familiares de víctimas de ese delito, quienes lograron, luego de varias manifestaciones, que su voz y sus propuestas fueran incluidas.
Las agrupaciones señalaron que con esta aprobación se completa el paquete en la materia, que incluye la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, la cual fue aprobada el 16 de febrero.
Cifras del gobierno jalisciense al 31 de enero señalan que se desconoce el paradero de 10 mil 31 personas; a 7 mil 646 de ellas se les considera legalmente “no localizadas” y a 2 mil 385 desaparecidas. La diferencia consiste en que se presume que la ausencia de estas últimas se relaciona con un delito.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó en enero pasado que entre diciembre de 2018 y el mismo mes de 2020 se reportaron en México 38 mil 682 desapariciones o personas no localizadas y que el estado con más casos fue Jalisco, con 3 mil 724, 22.6 por ciento del total nacional, muy por encima de Tamaulipas, que con mil 287 casos y 7.8 por ciento, ocupa el segundo lugar, y Guanajuato, con mil 252 y 7.6 por ciento, en tercer lugar.
La nueva ley permitirá, mediante plazos muy delimitados para las autoridades, agilizar los procesos de investigación e identificación en los casos de desapariciones; establece un sistema estatal de búsqueda para coordinar las acciones de los poderes y organismos públicos estatales, y se incluye la participación activa de los familiares en el proceso de investigación.
Entre las nuevas disposiciones está el esclarecimiento de hechos y presunción de vida, homologación de protocolos de investigación, prohibición de destruir cadáveres no identificados o de disponer de sus pertenencias. Además, se instruye al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses elaborar un registro del lugar donde sean colocados dichos restos humanos.
“Estamos muy orgullosas de nuestro trabajo para lograr la aprobación de la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y de la Ley de Personas Desaparecidas, en las que nuestra experiencia y exigencias en la búsqueda, investigación e identificación de nuestros seres queridos se ven reflejadas”, coincidieron los colectivos en un pronunciamiento conjunto tras la aprobación.
Otros puntos destacados son la gratuidad de los trámites del juicio civil, sobre todo la exención de pago de edictos que el juez civil solicita publicar a fin de probar que la persona está ausente y que se le siga pagando su sueldo durante seis meses después de la desaparición cuando la víctima sea funcionario público.
Este jueves, fuera del recinto se realizó una manifestación en la cual un grupo de madres de familia ingresó para aplaudir y señalar que esperan que esta ley agilice las búsquedas y rinda frutos; asimismo, advirtieron que vigilarán que la nueva norma se cumpla a cabalidad.