Aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados (304 votos a favor, 179 en contra, cuatro abstenciones y muchos berrinches de la oposición), ayer el Senado de la República dio entrada a la minuta que reforma, a propuesta del presidente López Obrador, la Ley de la Industria Eléctrica, de tal suerte que en cuestión de días esa instancia legislativa ratificará la decisión de la mayoría en San Lázaro y procederán los cambios propuestos por el mandatario, entre los que destacan dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho del energético, y no a los productores privados, y frenar la sangría financiera que a la empresa productiva del Estado provocan los subsidios a los generadores particulares.
Como muestra de esto último, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara deDiputados, Manuel Rodríguez, detalló que “desde la entrada en vigor de la reforma energética de 2013, la CFE se ha visto obligada a otorgar una amplia gama de subsidios a sus propios competidores privados de plantas eólicas y solares, con un impacto de 250 mil millones de pesos para las finanzas nacionales, cuya factura es transferida a los contribuyentes y consumidores finales” ( La Jornada, Enrique Méndez y Néstor Jiménez). Además, por si fuera poco, dio cuenta de que gracias a la “reforma” peñanietista, en 2020 la participación privada en el mercado eléctrico mayorista fue de 60.6 por ciento, “y así continuará” (sin los cambios legales propuestos).
Pues bien, de nada sirvió la táctica dilatoria de priístas, panistas y demás morralla (incluidos cuatro morenistas “despistados” y 11 del Verde, supuesto “aliado” de Morena) con sus 412 reservas en lo particular (la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la tricolor Dulce María Sauri, sudó como nunca, porque ya no sabía cómo retrasar el procedimiento y de la manga se sacaba todo tipo de pretextos para evitar la votación en lo general), porque la citada iniciativa obtuvo el voto mayoritario. Los vociferantes defensores de la “reforma” energética de Enrique Peña Nieto se desgañitaron en su intento por evitar el aval a la propuesta presidencial, pero resultó más que obvio que nada lograrían, de entrada porque quienes armaron el equipo de gritones no sólo fueron incapaces de convencer, sino que para tal fin utilizaron a fichas achicharradas como Enrique Ochoa Reza, director peñanietista de la CFE y fiel servidor de los intereses privados.
No pudieron, pues, y la minuta de reforma presidencial ya está en el Senado, en donde los rabiosos opositores no dejan de mostrar el cobre, en el entendido de que retomarán la fallida táctica dilatoria utilizada en San Lázaro.
La Jornada (Andrea Becerril y Víctor Ballinas) lo reseñó así: “aunque se trataba sólo de un trámite, de darle turno a la minuta remitida por la Cámara de Diputados, en el que no hay discusión, senadores del PAN y PRI (más sus rémoras) aprovecharon para manifestarse en contra de esa iniciativa preferente del presidente López Obrador, que fue ya aprobada en San Lázaro. Al final, la minuta fue turnada sólo a las comisiones de Energía, Estudios Legislativos y Medio Ambiente, y en el caso de la de Economía –cuyo presidente, el panista Gustavo Madero, insistió en que participará también en la discusión del dictamen– se integró, pero sólo para dar opinión, sin derecho a votar. La oposición insistía en que fuera turnada a por lo menos seis comisiones dictaminadoras”.
La minuta será analizada en la Comisión de Energía del Senado, instancia en la que participan cuatro integrantes de la fauna panista: Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas; Xóchitl Gálvez, reina del albur y el lenguaje altisonante; Julen Rementería, el simpático inventor del longanizagate; y Raúl Paz Alonso.
El tricolor no se queda corto, y no por el número, sino por las dos joyas que lo representan: Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu, sobrina del tío que abrió la puerta para que la iniciativa privada se colara al sector eléctrico.
Las rebanadas del pastel
Trascendió que el (aún) gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presentará dos testigos de calidad para demostrar su inocencia y así evitar el desafuero: sus paisanos Tomás Yárrington y Eugenio Hernández Flores. Lamentablemente, Juan Nepomuceno Guerra no puede auxiliarlo.