Wall Street y la City de Londres quieren nuestro sistema energético; para empezar, por el lado de la electricidad. Su demanda: a través del de Estados Unidos, obligar al gobierno mexicano a que privatice la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La noticia aparecida en el Financial Times circuló unos pocos días. En la tragedia de Texas encontró la revelación de su sentido real e inesperado. Uno semejante y casi tan frío como el trayecto del Titanic para la libre empresa.
Era la actualización del pacto Ronald Reagan/Margaret Thatcher que inició la etapa del capitalismo salvaje. Ya un tanto anunciada en el cercano Foro de Davos a pretexto de las energías limpias y la satanización para aquellas de las que ha dependido la construcción de casi todo desde el siglo XVIII. Otra vuelta de tuerca a los países con menores recursos financieros y militares para defenderse de los castigos que las potencias sajonas y otras les quieran imponer por no atenerse al New Green Deal que impulsa Biden desde su campaña.
El camino para hacerse de unidades estratégicas de energía –CFE y Pemex– lo conocen tan bien como nosotros debiéramos tener presente. Ese camino fue el de la reprivatización bancaria: calientita, en manos de banqueros más o menos mexicanos, fue a parar a los mejores postores del exterior. Ellos la compraron gustosos; de hecho ya venían en las nuevas carabelas de la globalización.
Las palabras caen desde arriba y sus repetidores, que van –como dice Carlos Fuentes– con la boca abierta para ver si les cae alguna palabra, les dan dimensión. Energías limpias, pregonan.
Por supuesto las necesitamos, pero el tránsito hacia ellas no puede ser al ritmo ni en el modo que nos marcan las potencias imperialistas, sus trasnacionales y sus cajas de resonancia nacionales (ciertos empresarios, medios e intelectuales). Estados Unidos, en 20 años, no pudo iniciar ese tránsito a un paso importante. Texas tuvo que echar mano del carbón para paliar lo que el libre mercado, la desregulación absoluta del mismo y la falta de supervisión gubernamental no hicieron para enfrentar contingencias como la que encaró la semana pasada.
Las energías alternativas apenas pudieron aportar 4 por ciento de la energía requerida. ¿Estados Unidos prescindirá a mediano plazo de sus más de 100 refinerías?
Los países de las energías y de las industrias sucias pasarán a ser “países sucios”. Allí estarán la Standard & Poor’s y la Moody’s Corporation –señaladas por encubrir a la banca responsable de la crisis financiera de 2008– para descalificarnos a México, Venezuela y Brasil. Estados Unidos será el encargado de castigarnos.
Según la llamada revolución de energía limpia y justicia ambiental, Biden “evitará que los países hagan trampa utilizando el poder del ejemplo y las ventajas económicas de Estados Unidos”.
Lo lógico y procedente es que Estados Unidos empiece por castigar a sus tramposos, como las empresas y el Consejo de Electricidad Confiable de Texas (Ercot, por sus siglas en inglés), organismo paraestatal propenso a la empresa privada. James Kenneth Galbraith, en un artículo imperdible, explica: “Los líderes de Texas sabían, al menos desde 2011, que el sistema era totalmente inestable ante un clima extremo. Pero nada hicieron. Regular el sistema era haber hecho algo. No quisieron regularlo, pues los proveedores son una fuente importante de financiamiento para las campañas electorales”. Y nos predican honestidad.
Aquello que muestra Galbraith nos es muy conocido. Se llama corrupción. Las causas y los efectos los atribuye a la libre empresa en cuyas manos un servicio permanente queda sujeto a la oferta y la demanda. Y, por supuesto, a la especulación. Los líderes estadunidenses siempre han sabido a qué se deben las crisis financieras o energéticas. Los habitantes de California y otras regiones de Estados Unidos recuerdan muy bien los apagones y los abusos en los precios y, al cabo, el fraude de Enron, macroempresa cuyas maniobras fueron fruto de los amigos del clan Bush: Kenneth Lay, que la presidía, y el vicepresidente Dick Cheney.
En México, la CFE cubría más de 90 por ciento de las necesidades del país. Fue obligada por anteriores gobiernos a privatizar segmentos de su capacidad de generación a particulares. La voz de orden de las energías limpias la entienden en el acto los empresarios interesados y sus personeros gubernamentales. El gobernador de Coahuila, uno de ellos, pide, en apoyo a su demanda, que se abra más la participación privada a la generación de energía. Esa participación no puede ser en franjas ligadas a las líneas estratégicas del gobierno, de la seguridad y la soberanía nacional.
La iniciativa presidencial estará en manos del Senado. Hay que permanecer vigilantes. Ya nos quedó a deber la eliminación del outsourcing. Es preciso que los empresarios –serán los mismos– no le tuerzan la mano a este órgano de gobierno ni a ningún otro.
