Al margen de la solicitud de desafuero que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, existen elementos suficientes para que también se le investigue y juzgue por crímenes de lesa humanidad cometidos en la entidad durante su administración, señaló Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
En entrevista, el abogado recordó que en la entidad han ocurrido diversos casos de abuso de autoridad, desaparición forzada y ejecución extrajudicial durante el mandato del panista, como la masacre de 19 personas migrantes en el municipio de Camargo, pero donde también figuran otras violaciones graves a las garantías básicas.
“Hay elementos suficientes para que sea enjuiciado de forma paralela por violaciones a los derechos humanos. La FGR se había tardado en actuar en contra de este mal gobernador, porque Tamaulipas no es un paraíso, sino un infierno. No olvidemos la masacre de Camargo, que involucró a policías estatales y al Grupo de Operaciones Especiales”, indicó.
Desde 2018 hay al menos cinco solicitudes de desafuero en contra de García Cabeza de Vaca, por lo que argumentar que es víctima de ataques con motivación electoral no tiene sustento, agregó el activista.
Por separado, tanto la bancada del PAN en el Senado como la Comisión Política del blanquiazul, expresaron su respaldo al tamaulipeco. A la vez, senadores de Morena demandaron que pida licencia al cargo para facilitar la investigación y se deslinden responsabilidades.
Ante las “falsas acusaciones”, el coordinador del PAN en funciones en el Senado, Erandi Bermúdez, sostuvo que “se trata de una clara persecución política contra uno de los gobernadores más frontales e independientes que no se ha dejado manipular”. Legisladores de este partido denunciaron un supuesto propósito electorero.
La Comisión Política del PAN, presidida por el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, demandó que en el caso se actúe con pleno respeto al imperio de la ley y los principios que integran el debido proceso, particularmente el de presunción de inocencia.
