La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el martes a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por probables delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Al día siguiente, la FGR obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión contra el empresario Raúl Beyruti, presidente de Grupo GIN, la mayor empresa de outsourcing en el país. De acuerdo con la UIF, el acusado habría incurrido en defraudación fiscal y realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita que podrían superar 30 mil millones de pesos.

La orden de aprehensión contra el empresario y el pedido para desaforar al gobernador dan un nuevo aliento a los esfuerzos del gobierno federal para combatir la corrupción en todas sus facetas. En esta lucha se ha investigado y judicializado a quienes usaron sus cargos en la administración pública federal para desviar recursos o cobrar favores –situaciones de Rosario Robles y otros ocho involucrados en la estafa maestra además de Emilio Lozoya–; a funcionarios de los ámbitos estatal o local que incurrieron en las mismas prácticas o en otros ilícitos –César Duarte, Mario Marín, García Cabeza de Vaca, Mauricio Toledo y múltiples ex colaboradores del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, entre ellos Raymundo Collins, Miguel Ángel Vásquez y Hedilberto Chávez Gerónimo–; a integrantes de la iniciativa privada que aprovecharon sus conexiones dentro de la clase política para esquilmar al erario u obtener impunidad en actividades ilícitas –como Alonso Ancira, el abogado Juan Collado o el propio Beyruti–; al líder de la mafia laboral conocida como Sindicato Libertad, Hugo Bello, así como a implicados en el caso más emblemático de violación a los derechos humanos en el sexenio pasado, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: Tomás Zerón, el capitán José Martínez Crespo y José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo; por lo demás, el combate a la impunidad no se limita a violaciones cometidas durante administraciones pasadas, como muestra la aprehensión de seis militares acusados del asesinato de una mujer en el transcurso de protestas efectuadas en Chihuahua en septiembre de 2020.

No hay capacidad de asombro suficiente para procesar el tamaño de la podredumbre durante los gobiernos del ciclo neoliberal. Por mencionar sólo dos ejemplos, Ancira y sus socios se embolsaron 200 millones de dólares (más de 4 mil millones de pesos al cambio actual) por el mero sobreprecio en la venta fraudulenta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos; mientras, la aquiescencia de Robles en la estafa maestra permitió el expolio de 7 mil 670 millones de pesos. Estas cifras son inconcebibles para un ciudadano de a pie, pero representan apenas la punta del iceberg de un desfalco cuyas dimensiones reales acaso nunca lleguen a conocerse, pues los delincuentes tuvieron todas las facilidades para destruir las evidencias desde sus propios cargos o en complicidad con quienes debían investigarlos. Por ello, los avances mostrados en la actual administración deben entenderse como el fruto de indagatorias emprendidas a contracorriente, con elementos de prueba rescatados del encubrimiento; es, pues, un sin-sentido evaluar la actuación de la Fiscalíasin tomar en cuenta los formidables obstácu-los para integrar cada uno de estos casos con una documentación oficial previamente saqueada por los acusados y sus cómplices.

Incluso si nunca llega a revelarse el costo real de la corrupción, sabemos que puede medirse indirectamente con los lacerantes índices de pobreza; de las carencias en escuelas, hospitales y todo tipo de servicios públicos; de la violencia, la descomposición social y los homicidios; de la precarización laboral y otros tantos males. Aun si las persistentes deficiencias del sistema de administración de justicia impiden cerrar todo resquicio a la impunidad, echar luz sobre los corruptos permite constatar cuán nefasta ha sido para la sociedad y la economía mexicanas la inmoralidad que imperó en el pasado reciente.