El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó e inhabilitó por 15 años al magistrado Carlos Loranca Muñoz por incurrir en varias irregularidades en sus declaraciones patrimoniales de 2014 a 2016, cuando era titular del primer tribunal unitario del sexto circuito del estado de Puebla.
En 2017, Loranca Muñoz dejó el cargo al argumentar “razones de salud”, aunque su salida fue porque autoridades señalaron que tenía vínculos con Othón Muñoz Bravo alias El Cachetes, uno de los principales capos de las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos (huachicoleo) en el estado.
El CJF señaló que luego de una exhaustiva investigación por su desempeño al frente de un tribunal en Puebla, se comprobó que incurrió en la conducta de faltar a la verdad respecto a su evolución patrimonial y las irregularidades reportadas. “El magistrado no reportó en sus declaraciones patrimoniales cerca de 6 millones de pesos producto de diversas operaciones, por lo que se le inhabilitó por 15 años y fue destituido”.
Agregó que las investigaciones administrativas se llevaron a cabo con “absoluto profesionalismo, velando siempre por el debido proceso y la presunción de inocencia”. Reiteró su compromiso con la política de cero tolerancia a la corrupción y contra la falta de transparencia en el desempeño de los juzgadores federales y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.
Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, reiteró que cualquier conducta indebida que lucre con la justicia será sancionada con energía.
