Ciudad de México. A 13 años de ocurrido el bombardeo del Ejército colombiano en Sucumbíos, Ecuador, donde perdieron la vida cuatro estudiantes mexicanos y una más resultó herida, los responsables de dicho acto siguen sin ser castigados, pero la posible llegada del caso ante la justicia interamericana significa una señal de esperanza, señalaron los familiares de las víctimas y las organizaciones civiles que acompañan el tema.

Durante un foro virtual organizado ayer miércoles por el Círculo de Estudio “Brújula Metropolitana”, el director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, recordó que el 1º de marzo de 2008 el gobierno del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez decidió realizar la llamada Operación Fénix, que implicó bombardear territorio ecuatoriano para asesinar al dirigente guerrillero Raúl Reyes.

Dicho ataque –en el cual perdieron la vida los estudiantes mexicanos Fernando Franco, Soren Avilés, Juan González y Verónica Velázquez, y quedó herida Lucía Morett—se llevó a cabo a sabiendas de que se trataba de un campamento no beligerante, sino de negociación, el cual era visitado por muchas personas ajenas al conflicto armado, dijo.

“Era un campamento con mucha movilidad: había reporteros, integrantes de comisiones y enviados de embajadas”, además de que el gobierno de Uribe tenía conocimiento de que ahí se encontraban ciudadanos mexicanos no combatientes, enfatizó Ramírez.

Luego de recordar que tras el bombardeo de la fuerza aérea colombiana hubo dos incursiones más del Ejército de ese país para matar a los sobrevivientes, el activista consideró que uno de los probables objetivos de dicha acción armada fue aplazar un acuerdo humanitario y la firma de la paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Por su parte, Rita del Castillo, madre del estudiante universitario Juan González, resaltó que los familiares de las víctimas desean que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncie públicamente sobre el tema y manifieste su solidaridad con las familias de los jóvenes asesinados.

“Esperamos que el gobierno progresista de López Obrador se pronuncie, porque ya van dos años (de la actual administración) y no lo ha hecho. Él sabe perfectamente del caso Sucumbíos y queremos que le dedique el tiempo, porque si no, pensaremos que es igual que los prianistas. Tenemos esperanzas de este cambio de gobierno y esperamos que nuestro presidente hable” al respecto, dijo.

En tanto, Luis María Villacis, integrante de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, manifestó que la llegada del caso a la etapa de admisibilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos significa la posibilidad de que el tema vuelva a posicionarse ante la opinión pública y se castigue a los responsables de la Operación Fénix.

“El que el caso haya llegado ante la CIDH es una esperanza profunda. Esperamos que se obtenga una sentencia en donde las voces de los familiares sean escuchadas, que sepamos la verdad de los hechos y se judicialice a los responsables”, subrayó.