El Partido Acción Nacional (PAN) y otros derechistas, como Felipe Calderón Hinojosa, decidieron asociar su suerte política y electoral inmediata a una figura y un expediente judicial difícilmente defendibles y marcadamente condenables.
Pudieron los directivos de la derecha electoral mexicana ser prudentes, denunciar sólo lo que a su criterio fuese necesario y resguardable y mantener abierta la puerta de la legalidad aplicable en cualquier caso, sea gobernador o no el acusado, sin defensas retóricas o partidistas. Pero, de botepronto, de manera torpe e innecesaria, decidieron (Marko Cortés, Juan Carlos Romero Hicks, Martín Orozco y, con matices, Enrique Alfaro, entre otros) practicar una solidaridad con Francisco Javier García Cabeza de Vaca que más adelante podría devenir en complicidad no necesariamente en términos judiciales, pero sí políticos y electorales.
García Cabeza de Vaca ha sido uno más de los figurines políticos que formalmente gobiernan Tamaulipas, aunque en la realidad el mando y el poder ha estado históricamente en los grupos delictivos que suelen financiar campañas, aprobar o vetar candidatos y ejercer una suerte de cogobierno silencioso pero evidente, tomando los cárteles del crimen organizado el control de los órganos policiacos y otros cargos administrativos.
Primer gobernador no priísta en esa entidad, García Cabeza de Vaca ha ejercido el poder como sus antecesores recientes. Recuérdense los casos de los tres priístas que despacharon en Ciudad Victoria antes que el panista: Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre Cantú, todos involucrados y sometidos a las reglas del crimen organizado, a extremos igualmente susceptibles de acción judicial.
El caso de Egidio Torre Cantú (ejerció el cargo de 2011 a 2016) es de una pedagogía política escalofriante. Entró al relevo de su hermano, Rodolfo, que seis días antes de las elecciones, que con toda seguridad ganaría a nombre del PRI, fue ejecutado en una operación relampagueante hasta ahora sin castigo.
El actual gobernador tamaulipeco ha sido mencionado en diversas diligencias judiciales como partícipe de actos de corrupción. También el mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. Y otros panistas que ocuparon asientos legislativos, como Jorge Luis Lavalle Maury. Para un partido estable, seguro de la conducta de sus cuadros políticos más relevantes y comprometido con la legalidad, procesos como el anunciado en el caso García Cabeza de Vaca deberían ser una oportunidad de mostrar tajantemente que nada oscuro y punible se hubiese cometido.
Acción Nacional y sus acomedidos actuales, como Felipe Calderón, han preferido la sonoridad del discurso electoral y la consignación del caso norteño a las cuentas de Palacio Nacional. Los tiempos y las circunstancias de este litigio impactarán irremediablemente al interés electoral de la derecha mexicana, sobre todo porque, en este primer revire, ni García Cabeza de Vaca ni sus acompañantes defensores pudieron pasar del discurso encendido y reactivo a un plano institucional, de respeto pleno a la legalidad.
Astillas
Es insostenible la situación de David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación, en tanto no aclare de manera suficiente e inequívoca los escandalosos yerros que cometió a la hora de dar a conocer los resultados de las indagaciones sobre la cuenta pública 2019… En Iguala, acompañado por Alberto Fernández, presidente de Argentina, Andrés Manuel López Obrador se refirió a los 43 normalistas de Ayotzinapa: “Es tan temible la asociación delictuosa que produjo esta tragedia y el pacto de silencio que establecieron, que aun con 82 detenidos, y el ofrecimiento de protección y recompensa, pocos de ellos hablan, así que todavía no sabemos a ciencia cierta dónde están los estudiantes de Ayotzinapa, pero esto no quiere decir que nos daremos por vencidos o nos cansaremos de buscar a los jóvenes desaparecidos”... ¡Hasta mañana!
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