Ciudad de México. El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco ya es examinado por un equipo de auditores del mismo organismo, pero independiente al que realizó la primera revisión, y por el Comité de Integridad Institucional, que busca prevenir, identificar, atender y dar seguimiento a conductas contrarias a su política de integridad, así como posibles conflictos de intereses, de acuerdo con información de la propia ASF.

Además, en su cuenta de ­Twitter, el organismo dio la bienvenida al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México “para aclarar lo pertinente respecto de los costos de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

La Auditoría añadió que se está examinando el proceso de la auditoría hecha al cierre del aeropuerto, para hacer las aclaraciones pertinentes en relación con los costos presentes y futuros de la realización del proyecto.

“La ASF reitera su compromiso con la rendición de cuentas, el profesionalismo y la excelencia en la fiscalización superior y ratifica su obligación para dirigir su trabajo apegado a principios constitucionales de la fiscalización superior y la política de integridad institucional.”

La política de integridad de la ASF indica que a fin de generar confianza y credibilidad en la sociedad, se debe garantizar que los servidoras públicos y el personal que se contrate para realizar un trabajo en nombre de la institución, guíen su actuar acorde con los principios, valores, reglas de integridad y los criterios rectores señalados en los códigos de ética y de conducta, así como las directrices para prevenir conflicto de interés.

En su portal de Internet, la ASF afirma que “ningún código de ética o de conducta es capaz de abordar todas las circunstancias que surgen en el funcionamiento cotidiano de la institución y los dilemas a que pueden enfrentarse las personas servidoras públicas, por ello es importante enfatizar en el conocimiento e interiorización de la política de integridad, en donde se incorporan buenas prácticas que facilitan el entendimiento de la ética institucional y la atención a posibles dilemas éticos susceptibles de poner en riesgo su cumplimiento”.

En un informe presentado el fin de semana como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2019 –que fiscaliza el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador– señala que el cierre del aeropuerto costó tres veces más que los 100 mil millones de pesos proyectados por el gobierno federal. Sin embargo, la ASF señaló el lunes que el informe tiene errores metodológicos y que el costo fue menor.