Identificado como “reparación del daño al Estado mexicano”, las fuerzas armadas y la Fiscalía General de la República (FGR) decomisaron a la delincuencia organizada –de diciembre de 2018 a enero pasado–poco más de 2 mil 400 millones de pesos y alrededor de 49 millones de dólares.
De ese monto, 2 mil 111 millones de pesos y 23.8 millones de dólares ya fueron transferidos al Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), así como la mayoría de los inmuebles incluidos en una lista de 376 recuperados, entre muchos otros bienes, objetos y menaje. Entre las casas quitadas al crimen hay residencias en Hidalgo, Sinaloa, Baja California, Yucatán, Guerrero y Jalisco.
Esta vez, una parte de los recursos disponibles será para que el Infonavit otorgue 45 mil créditos destinados a autoconstrucción –incluso a no derechohabientes–, con tasa de interés mínima, en entidades con mayor rezago habitacional; cada préstamo iría de 35 mil a 150 mil pesos, para beneficiarios de Veracruz, Baja California, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, entre otros.
Al presentar el informe de la Mesa de judicialización: comité de extinción de dominio, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, precisó que el reporte se desprende de la instrucción del Presidente de la República, el pasado 2 de febrero.
Recordó que uno de los objetivos de la estrategia nacional de seguridad es que los recursos retirados a la delincuencia organizada y de cuello blanco, mediante operativos de las instituciones de seguridad del Estado, sean destinados –en esta ocasión– “a dar felicidad a miles de familias mexicanas que tienen el sueño de mejorar su hogar”.
En el cuadro difundido se precisa que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la de Marina hacen importantes decomisos, los cuales son entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual, a su vez, los transfiere al Indep, una vez concluidos los eventuales litigios, acorde con la explicación del titular de la FGR, Alejandro Gertz, quien también asistió ayer a la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Explicó que los decomisos, considerados reparación de daño, no son una negociación con el delincuente, sino un derecho del Estado mexicano para regresar los recursos a los fines sociales indispensables. Aclaró que las cantidades obtenidas se deben transmitir para ser sancionadas por los jueces, con una transparencia procesal absoluta.
