Santiago. El gobierno de Sebastián Piñera optó por dar otra vuelta de tuerca al enfoque militarista con que enfrenta a la insurgencia mapuche en la “macrozona sur” de Chile (que abarca las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos), al anunciar que tropas del ejército se sumarán a las tareas de patrullaje conjunto y de coordinación estratégica con las fuerzas policiales.
Se trata de una cesión a las presiones de sectores ultraderechistas y latifundistas que llevan semanas insistiendo en que se imponga el estado de sitio y que los militares intervengan en la Araucanía, ante el evidente y rotundo fracaso gubernamental y de las policías para controlar el territorio, donde predominan los Órganos de Resistencia Territorial (ORT, grupos operativos de la Coordinadora Arauco Malleco), que se desplazan y actúan a su antojo incendiando haciendas, maquinarias agrícolas y forestales y camiones que transportan madera.
La decisión gubernamental fue inmediatamente repudiada por dirigentes del pueblo mapuche. Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras, sostuvo que “la decisión del gobierno de que los militares y los Carabineros se coordinen en el territorio mapuche para producir los desalojos de tierras es la peor idea que puede tomar un gobierno, es un atentando al derecho de vivir en paz, es una amenaza a la convivencia de mapuche y no mapuche en la Araucanía; esa no es la manera de resolver un conflicto que el propio Estado chileno ha creado en este territorio”, afirmó.
Poco antes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció que en esas tres regiones –que suman unos 74 mil kilómetros cuadrados– se instalarán puntos de control y un puesto de mando conjunto que serán operados “en colaboración” por las policías de Carabineros (militarizada) y de Investigaciones (civil) y por el Ejército, junto a los intendentes (gobernadores) regionales.
“En cada región se están desplegando equipos mixtos que tienen que velar por el control del orden público en el contexto de la pandemia en el caso del Ejército, pero también en el de distintas situaciones que ocurren en cada una de estas regiones”, dijo.
La misión de los puestos de trabajo conjunto, detalló, es que “elaboren aproximaciones integrales, vale decir, poniendo a disposición de esta estrategia todos los recursos disponibles en cada una de las regiones para enfocarse en la problemática territorial de cada una de ellas, que tienen diferencias y dinámicas distintas”.
Además de asegurar que se evaluará permanentemente este puesto de mando conjunto, el ministro adelantó que “vamos a realizar inversiones relevantes (en equipamiento) para que esta tarea pueda ser llevada a cabo y distintas capacidades que hay que ir adicionando”.
El paso dado por Piñera para involucrar a los militares se conoció inmediatamente después de que el lunes, como reacción a una seguidilla de decenas de ataques incendiarios, invocó a “un gran acuerdo nacional por la Araucanía”, que en resumen llamaba a la inmediata aprobación de leyes que faciliten la persecución de actos terroristas y endurezcan las penas por la toma de predios, robo de madera, quema de vehículos y maquinaria, represión del narcotráfico y que permitan la protección de “infraestructura crítica” por los militares, pero ninguna iniciativa de carácter político.
Este enfoque ha sido criticado por sectores opositores y del propio oficialismo, los primeros cuestionando su enfoque militarista y la ausencia de un componente político, y los segundos por la tardanza con que se anuncia, cuando el gobierno luce superado por lo hechos.
Francisco Huenchumilla, senador democratacristiano de ascendencia mapuche, propuso que “deberíamos recurrir a la ONU; tal vez podemos pedirles que nos mande negociadores de alto nivel y puedan sentar a la mesa al Estado, los mapuche, agricultores y forestales”, porque “nunca se ha querido entrar al fondo del tema: el pueblo mapuche pide que le restituyan sus tierras”.
El parlamentario aseveró que la militarización a la que apuesta Piñera hizo que “Carabineros y la Policía de Investigaciones se han visto envueltos en un tema que no les corresponde resolver, problemas políticos; han sufrido desprestigio, han tenido problemas”.
De manera inaudita, el propio general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, abogó a favor del despliegue de los militares, señalando que se debe “fortalecer aún más el trabajo profesional y permanente de ambas instituciones, incorporando a las fuerzas armadas con todas sus capacidades”, precisando que se refería a refuerzos con medios blindados, asesoría en planificación, apoyo de inteligencia y entrenamiento con técnicas y tácticas militares.
