Chetumal, QR. Luego de que la noche del pasado miércoles cuatro diputados impidieron la reunión de comisiones en donde se sometería a votación el dictamen para la despenalización del aborto, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) rompieron el diálogo con el gobernador Carlos Joaquín González, a quien señalaron de estar atrás de ese movimiento, a través del diputado Eduardo Martínez Arcila.

En conferencia de prensa que ofrecieron en las instalaciones del palacio legislativo, en Chetumal, las integrantes de la RFQ señalaron a diputados de incumplir el acuerdo firmado el pasado 10 de febrero; sin embargo, dijeron estar abiertas al diálogo para replantear uno nuevo, que sea acorde al avance de la protección de los derechos humanos de las mujeres, pero con una nueva interlocución que sea a nivel nacional.

Recordaron que parte del acuerdo era que el 24 de febrero se sometería a votación el dictamen de ley para despenalizar el aborto, pero “se incumplió dicho acuerdo al intervenir de manera alevosa y entorpeciendo el trabajo de las Comisiones Unidas el diputado Eduardo Martínez Arcila, así como Reyna Durán Ovando, Kira Iris San, Aurora Pool Cahuich y Carlos Hernández Blanco, quienes le siguieron el juego a un diputado, que por sí mismo no pertenecía a dichas comisiones y que además ingresó a esta legislatura por vía plurinominal.

“Nos levantamos de nueva cuenta de las mesas de trabajo con el ejecutivo estatal, puesto que no hay duda de que hubo intervención directa de quien hoy es el jefe político de estos diputados".

"Es importante recalcar que el dictamen iba a ser aprobado en comisiones, en consecuencia, para que ello no pasara, decidieron obstaculizar el trabajo de las y los diputados que iban a votar a favor, rompiendo el quórum en diversos momentos. Uno de los argumentos que dieron pie a estos intensos debates fue la razón de incluir o no la reforma al artículo 13 Constitucional.

"Queremos señalar que la intención de incluir la reforma a la constitución en el proyecto de dictamen, lo único que buscaba por parte de estos diputados y diputadas era retrasar y evitar que se aprobara el dictamen por mayoría simple en el pleno, dado que una reforma constitucional requiere no solo las tres cuartas partes de las y los diputados que integran el mismo, sino que requiere, aunado a ello, la aprobación en la mayoría de los municipios del estado, cosa que empantanaría el logro de la reforma en materia de derechos sexuales y reproductivos”.

Las feministas acusaron que los diputados en todo momento antepusieron sus intereses políticos a los argumentos médicos, científicos y legales, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las opiniones técnicas emitidas por las autoridades internacionales y federales.