Eduardo Ornelas Pérez, juez de control del Poder Judicial de Chihuahua, aplazó por cuarta ocasión una audiencia de formulación de cargos contra la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a gobernadora, María Eugenia Campos Galván, debido a un amparo que presentaron sus abogados para impedir que se le imputen formalmente los delitos de corrupción y cohecho.
A la edil con licencia se le atribuye participar en desvíos millonarios por medio de la “nómina secreta” del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-2016) y de recibir sobornos cuando fue diputada y secretaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso local, en el periodo 2013-2016. La abanderada panista habría recibido 9.3 millones de pesos, según recibos con su firma hallados en marzo de 2017 durante un cateo a la residencia del ex titular del Ejecutivo estatal.
En la denuncia por cohecho también se señala a los ex diputados locales Rodrigo de la Rosa Ramírez y María Ávila Serna, quienes de 2013 a 2016 coordinaron las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México, respectivamente.
La defensa de María Eugenia Campos, encabezada por Francisco Molina Ruiz, interpuso el juicio de amparo 271/2021 ante el juzgado octavo de distrito.
Los litigantes solicitaron copia de todas las actuaciones de la fiscalía estatal en el caso de la “nómina secreta” y argumentaron no conocer la totalidad de los cargos atribuidos a Campos Galván. El juez de control Ornelas Pérez aceptó el recurso.
El Ministerio Público respondió que la defensa de María Eugenia Campos “busca evitar a toda costa que se realice el proceso por el delito de cohecho, y no hay razón para la suspensión de la audiencia”.
Expuso que el acto reclamado no existe, pues se entregó todo lo solicitado, por la cual no hay impedimento para realizar la diligencia, y además se pidieron copias de una carpeta y de documentos que Francisco Molina ya tiene.
El procedimiento contra María Ávila, Rodrigo de la Rosa y María Eugenia Campos se realizará cuando lo determine el Poder Judicial chihuahuense.
En la “nómina secreta” de Duarte Jáquez hay al menos 34 personas que habrían recibido 172.6 millones de pesos en sobornos entre 2014 a 2015. En la lista figuran legisladores, periodistas e incluso obispos.
Mientras, el ex presidente municipal Jorge Ramos será candidato a la alcaldía de Tijuana postulado por la alianza Va por Baja California, integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN.
Hernández, de filiación panista, fue alcalde de Tijuana de 2007 a 2010, etapa de violencia similar a la actual. En 2009 se redujo la incidencia delictiva con la participación de Julián Leyzaola como secretario de seguridad pública municipal.
En tanto, el cabildo de Monterrey aprobó la licencia que el alcalde Adrián de la Garza Santos solicitó para competir por la gubernatura de Nuevo León, postulado por la coalición que forman PRI y PRD.
El ahora edil con licencia informó que antes a dejar la presidencia municipal pidió al ayuntamiento aprobar la constancia de residencia de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien buscará la presidencia municipal de Monterrey por Movimiento Ciudadano, así como a todos los demás candidatos con derechos políticos vigentes.
Jesús Estrada, Rubén Villalpando, Antonio Heras y Raúl Robledo
