El terremoto provocado por la pandemia ha golpeado a tirios y troyanos, pero en materia económica y productiva el mayor impacto se focaliza en las micro, pequeñas y medianas empresas del país, las cuales, a diferencia de los grandes corporativos, carecen de recursos suficientes para enfrentar la coyuntura. El gobierno federal les ha canalizado apoyos financieros (alrededor de 25 mil millones de pesos), pero, dada la magnitud de la sacudida, no han sido suficientes para paliar los estragos.
El Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, analiza la situación y de sus resultados se toman los siguientes pasajes: las afectaciones de la crisis derivada por la pandemia han tenido un impacto profundo en la economía de nuestro país, a tal grado que el producto interno bruto registró su segundo peor desempeño en la historia para la cual se tienen datos. Si bien las grandes empresas han enfrentado un panorama complicado en materia financiera para lidiar con las adversidades de la actual coyuntura, la situación de micro, pequeños y medianos establecimientos mexicanos se torna más complicada ya que no cuentan con la infraestructura y/o los recursos que una empresa grande o trasnacional posee para paliar las terribles consecuencias de la crisis.
De acuerdo con la información disponible, en 2019 existían 4 millones 857 mil establecimientos en nuestro país considerados como micro, pequeños y medianos. De ese total, prácticamente 97 por ciento correspondieron a la primera de esas categorías, mientras el 3 por ciento restante (166 mil 468) entraron en la categoría de pymes (pequeños y medianos).
Para 2020, dicho universo se redujo 8.1 por ciento, de tal forma que el total se contrajo en 391 mil 414 unidades, de las cuales poco más de 92 por ciento correspondió a microestablecimientos y cerca del 8 por ciento a pymes.
Los números anteriores hacen referencia a los establecimientos totales en 2019 y 2020, es decir, ya contemplan en términos absolutos la diferencia entre los que se crearon en algún punto de 2020 y aquellos que dejaron de operar en algún momento del mismo año. Considerando lo anterior, el total de cierres durante 2020 ascendió a un millón 10 mil 857 unidades respecto del principio del periodo, lo cual se traduce en que a lo largo del año pasado dejaron de existir alrededor del 21 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Por otro lado, las aperturas: en 2020 se registraron 619 mil 443, cifra que representa 61 por ciento de los perdidos en el mismo periodo. Del total de ellas, 99 por ciento correspondió a micro establecimientos, de manera que la evolución en torno a la creación de pymes se ha presentado menos dinámica.
Al desglosar la información, se aprecia que el sector económico más golpeado durante 2020 fue el de los servicios no financieros al registrar más de 478 mil cierres, cifra que representó casi el 25 por ciento de los establecimientos existentes al inicio de dicho año. En segundo lugar se ubicó el comercio y en tercera posición las manufacturas.
En el periodo de referencia, los cierres y aperturas de micro, pequeños y medianos establecimientos se pueden visualizar a nivel entidad federativa; el estado de México fue el que registró el número más alto en cancelaciones, al perder 126 mil 507 establecimientos, seguido por la Ciudad de México (77 mil 266); Puebla (73 mil 436); Guanajuato (59 mil 246) y Jalisco (58 mil 128), mientras los estados con menor número de cierres fueron Campeche (8 mil 552), Colima (8 mil 822) y Baja California Sur (9 mil 90).
Las rebanadas del pastel
En el Senado de la República las dos iniciativas (López Obrador y Napoleón Gómez Urrutia) para regular el outsourcing se mantienen congeladas por obra y gracia del cabildero empresarial Ricardo Monreal, pero la Fiscalía General de la República ya se adelantó: obtuvo orden de aprehensión en contra de Raúl Beyruti, el “rey” del outsourcing en el país. A ver a qué hora se le ocurre al zacatecano… Y por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, la misma FGR va por el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca. De entrada, solicita su desafuero.
