Ciudad de México. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) “no es producto de la casualidad, es una persecución política de Palacio Nacional”.

Luego de presentarse en la Secretaría General de la Cámara de Diputados, para solicitar copia de la denuncia interpuesta por el Ministerio Público Federal, acusó que esta tendría su origen en que no ha permitido la injerencia del gobierno federal en el estado.

“También han de estar muy molestos por la exhibida a la Comisión Federal de Electricidad por el documento apócrifo” con el que la empresa quiso justificar el apagón en la entidad, en diciembre pasado.

En una declaración ante medios, afirmó que las acusaciones por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada pueden deberse también a “las constantes controversias constitucionales contra el gobierno, por violación a los derechos de los tamaulipecos”.

O incluso, alegó, a que fue uno de los fundadores de la Alianza Federalista de gobernadores que ha denunciado “las arbitrariedades del gobierno federal”.

Dijo que ante la solicitud de una copia de la denuncia, la secretaria general, Graciela Báez, le respondió que probablemente tendrá acceso al expediente hasta el fin de semana.

Acusó a la funcionaria de haber filtrado el documento al presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara y coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, y que con ello se violó el debido proceso.

La filtración de la denuncia a Morena, dijo, fue con “el único propósito de usarlo de manera mediática”. Dijo que no podía responder preguntas porque no sabe con precisión de qué se le acusa porque no ha sido notificado.

García Cabeza de Vaca estuvo acompañado en la cámara por el coordinador de los diputados federales de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks.

El legislador previamente envió una denuncia contra Graciela Báez ante la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri (PRI), porque con la “publicación unilateral” de la tarjeta que la funcionaria envió anoche a Ignacio Mier se vulneró el principio de presunción de inocencia, se violó el procedimiento que debe seguirse en toda petición de desafuero, y se “prejuzgó sobre la culpabilidad (del gobernador) sin que se haya cumplido con la carga probatoria debida”.

Romero Hicks pidió a la presidenta de la cámara dar vista a la Contraloría interna en el Palacio Legislativo y solicitar al jurídico la presentación “de las denuncias que al caso correspondan”.