La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por probables delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, como parte de una carpeta de investigación en la que se incluye información aportada por la agencia antidrogas de Estados Unidos, así como una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Además, se presentaron señalamientos respecto de que parte del patrimonio del mandatario estatal no corresponde a los ingresos que obtuvo como empresario y por su actividad como servidor público.
El coordinador de Morena, Ignacio Mier, reveló que fue informado de la solicitud de desafuero.
En respuesta, en un tuit, el gobernador lo señaló de filtrar “una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política”. Dijo que esperará a ser notificado de la acusación, pero acotó que no ha violado la ley y se defenderá “ante cualquier atropello”.
Datos obtenidos de la Cámara de Diputados refieren que en, meses pasados, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.
A partir de esa denuncia, la UIF y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y han acreditado que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
Esta empresa habría recibido los recursos, a su vez, de la empresa RC, cuyos socios son declarados sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, según fuentes consultadas.
Ignacio Mier difundió una tarjeta informativa donde la secretaria general del órgano legislativo, Graciela Báez Ricárdez, informa que agentes ministeriales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda solicitaron el juicio de procedencia en contra del gobernador tamaulipeco.
La petición será ratificada el jueves por los representantes de la FGR ante la Cámara de Diputados, luego de que la indagatoria se integró tras 15 meses de investigación por parte de los integrantes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Funcionarios federales señalaron que parte de esta investigación también está relacionada con los señalamientos que realizó el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien denunció ante la FGR que el mandatario tamaulipeco, cuando fungió como senador en 2013, recibió sobornos millonarios por haber aprobado la llamada reforma energética, al igual que otros legisladores panistas.
Entre los bienes que se han investigado se encuentran varias cuentas bancarias, inmuebles en Tamaulipas, la Ciudad de México y en Texas, Estados Unidos, indicaron los funcionarios.
