Desde su creación en 1999, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nunca había manifestado que hubiera una “deficiencia metodológica” en sus labor de fiscalización ni había corregido sus propios informes casi al tiempo de su publicación, como está haciendo en el caso de las auditorías que practicó a la cancelación del aeropuerto de Texcoco y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El sábado, la ASF entregó el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2019, que audita el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde señala que la cancelación de la terminal aérea tuvo un costo estimado de 331 mil 996 millones 517 mil pesos, el triple de lo previsto por el administración federal en abril de 2019.
Dos días después –el lunes–, la Auditoría admitió “inconsistencias” en la cuantificación del monto de cancelación, por lo que el contenido de esta auditoría es objeto de “una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada” para determinar este costo.
En un comunicado, la ASF aseguró haber detectado que dicho monto “es menor a lo estimado inicialmente” y lo achacó a “una deficiencia metodológica”. Explicó que la auditoría consideró los “flujos pasados y futuros” para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción de la obra, “que no representan un costo, pero sí un flujo de salida”.
Sobre la auditoría a la SFP, en su informe señala que la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros se resistió al proceso de fiscalización y se negó a entregar información y documentación que se le solicitó como parte de la revisión.
El lunes, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, dio marcha atrás y aseguró en diversos medios de comunicación que la SFP no obstaculizó la labor de los auditores y que contaron con toda la información para realizar sus funciones.
Manifestó que hubo “estrecha colaboración institucional” con la SFP, así como con otras instituciones que combaten la corrupción desde el control interno, la procuración y administración de justicia. Lo anterior, “sin interferencias en el ejercicio de nuestras funciones y colaboración permanente”.
Para Muna Dora Buchahin, ex directora de Auditoría Forense de la ASF, la Cámara de Diputados debe dar inicio a procedimientos administrativos contra Colmenares y quienes elaboraron la auditoría del nuevo aeropuerto de Texcoco.
Además, según manifestó en mensajes publicados en su cuenta de Twitter, la SFP podría presentar una queja ante la Comisión de Vigilancia.
