Santiago. El conflicto en la Araucanía, territorio ancestral reivindicado por el pueblo originario mapuche, de casi 32 mil kilómetros cuadrados de extensión en el sur de Chile, es el nuevo calvario del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que ha admitido su incapacidad para hacer prevalecer el orden público, el respeto a la ley y la seguridad de las personas.
“Esto ya no da para más e implica que debe haber un acuerdo nacional transversal en cómo enfrentamos esa violencia”, afirmó anteayer el ministro secretario general de Gobierno (portavoz), Jaime Bellolio, antes de que Piñera se reuniera con los más altos mandos policiales y militares para tratar la escalada de violencia que a diario arrasa con propiedades y maquinaria agrícola, casas particulares, maquinaria forestal y camiones madereros, alcanzando también a las colindantes regiones del Biobío y de Los Ríos.
El ministro agregó que “distintas son las reivindicaciones y la cuestión mapuche que se solucionan a través del diálogo y las políticas públicas, pero la delincuencia, el crimen organizado, el incendio, se enfrenta a través de la fuerza de la ley y para eso requerimos también un apoyo transversal, no sólo las leyes del Congreso, sino también que no haya ninguna duda ni ambigüedad, ese tipo de crímenes simplemente no pueden ser tolerados”.
Las palabras sólo expresan la frustración y el fracaso gubernamental para controlar la situación, imponer la ley y encaminar una salida política a la reivindicación histórica del pueblo mapuche –la recuperación de las tierras que a finales del siglo 19 les fueron arrebatadas por el Estado chileno tras la ocupación militar de la Araucanía y entregadas a colonos blancos–, un despojo al cual se le dio la espalda por décadas, lo mismo que al reconocimiento constitucional de ese pueblo y a sus demandas de soberanía/autonomía política y territorial, hasta que en los últimos años la situación hizo crisis.
Piñera enfrenta la creciente presión de sus parlamentarios y de sectores ultraderechistas para que se decrete el estado de sitio en la zona y el ejército sea desplegado, algo que no pocos expertos advierten que si llegase a ocurrir, sólo agravaría la situación dando paso a una escalada de consecuencias imprevisibles.
Tras la reunión del lunes, además de afirmar que “los policías tienen el mandato de la sociedad para hacer uso de la legítima fuerza”, Piñera anunció que dará “máxima urgencia” a proyectos de ley que entreguen los “elementos necesarios para combatir con mayor eficacia actos de violencia y de terrorismo”.
Y optó por enviar a Temuco, la capital regional, unos 700 kilómetros al sur de Santiago, a sus ministros del Interior y de Defensa, a los jefes de las policías de Carabineros (militarizada) y de Investigaciones (civil) y al comandante en jefe del Ejército.
La situación se ha deteriorado a tal punto que el desgobierno se atribuye también a que narcotraficantes se instalaron en ella, algo que las organizaciones de resistencia mapuche admiten, pero a la vez advierten que con ello se busca desde el aparato gubernamental desvirtuar y deslegitimar su causa.
“Estamos frente a una nueva operación de inteligencia política que pretende abrir un escenario distinto en el Wallmapu (territorio), caracterizado, en potencia, por imponer artificialmente la realidad del narcotráfico”, dijo recientemente en una declaración la Coordinadora Arauco Malleco.
Agregó que “así como condenamos las acciones represivas de parte del Estado en contra de comunidades en resistencia, también queremos dejar muy en claro que no vamos a aceptar ningún tipo de desviación de nuestro camino de lucha” y que “vemos con preocupación la presencia e influencia de agentes externos a las comunidades tratando de introducir drogas y malas prácticas, principalmente con nuestros weche (personas jóvenes), con el fin de transformarlos en consumidores o bandas dedicadas al tráfico”.
