Ciudad de México. A pesar de que vivimos en un mundo globalizado, el cómo se enfrenta a la pandemia de Covid-19 no es global, señaló Saúl Cuautle Quechol, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

En la inauguración del programa "Los impactos de la pandemia en los derechos humanos, una visión desde Centroamérica, destacó que actualmente los países “están peleando porque la vacuna contra el coronavirus sea un derecho para todos, pero esto se vive de una manera injusta, pues mientras algunos han acaparado un gran número de vacunas y tienen la posibilidad de vacunar a su población, en otros no se ha podido hacer absolutamente nada”.

Los países, añadió, “siguen viendo que otros tienen problemas y no se ponen a reflexionar y a pensar qué pueden hacer ante la situación que se ve en el horizonte, para tener la capacidad de poner ciertas bases” que ayuden a enfrentar la emergencia sanitaria de tal manera que se pueda vencer y lograr que sus efectos negativos sean los menos.

En su mensaje inaugural de este curso en línea, impartido por la Dirección de Educación Continua (DEC) de la Universidad y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), Cuautle Quechol señaló que la pandemia también vino a mover distintas situaciones económicas, políticas, sociales, culturales, de salud y educativas especialmente.

“Si antes del Covid-19 ya se estaba cuestionando a nivel mundial el modelo educativo, toda la cuestión técnica, todo aquello que nos ha enseñado este tiempo educativo de virtualidad, nos tiene que llevar a mantenerlo en el futuro para poder seguir abriendo espacios a nivel de globalidad”, dijo.

Gustavo Alberto D´angelo, director regional para México y Centroamérica de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, dijo que el curso Los Impactos de la pandemia en los Derechos Humanos, una visión desde Centroamérica, se realiza en el marco de ejecución del Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia implementado por la PADF en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Indicó que la pandemia demostró la fragilidad del estado de derecho en todos los países de la región y la precariedad de los sistemas de salud, “desfinanciados y desatendidos por décadas, cuando no saqueados impunemente por la corrupción”.

Subrayó que, la necesidad de protección contra la pandemia fue invocada de manera persistente por los gobiernos de Centroamérica como argumento suficiente para la violación de derechos fundamentales, entre los cuales los más frecuentes fueron: “la libertad de asociación, la libertad para reunirse pacíficamente, el acceso a la información pública y la libertad de expresión. Ejemplo de estas violaciones, es que en El Salvador y Honduras se detuvo a miles de personas por no respetar el toque de queda, sin distinguir a quienes salían a comprar comida o por una emergencia”