El sector del agua tiene una gobernanza deficiente debido a que hay una débil conducción política, falta de regulación, planeación sin visión de largo plazo e insuficiente coordinación. Esto ocurre en un contexto de baja disponibilidad del recurso, acuíferos sobrexplotados y cuencas deficitarias, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los problemas se agudizaron y persistieron: hay baja calidad, falta de tratamiento de aguas residuales y caída de la inversión en el sector, lo cual ha llevado a que no se alcance el objetivo de garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento, señala el informe individual del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.
La ASF evaluó la política pública hídrica nacional para determinar si se cumplió el objetivo de asegurar la disponibilidad y calidad, actual y futura, del recurso hídrico. Indica que el Programa Nacional Hídrico no es un documento rector a nivel nacional y señala que la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) carecen de facultades para regular, conducir y coordinar la política hídrica en los tres niveles de gobierno y no hay metodología uniforme para definir las tarifas de agua potable.
Señala que se desconoce la cifra total de títulos de concesión y asignación otorgados, y tampoco se puede definir si se entregaron de acuerdo con la disponibilidad del líquido. La Conagua “careció de mecanismos y criterios de planeación para el otorgamiento de las concesiones y asignaciones, considerando la disponibilidad del recurso hídrico”.
Agrega que tampoco realizó “las acciones necesarias para vigilar que no se explotaran volúmenes superiores a los establecidos en los títulos ni para asegurarse de que el uso que se le da al recurso corresponde al establecido en ellos”.
Señala que se tendría que establecer un órgano regulador que defina las directrices para fijar, entre otros aspectos, las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y vigile la correcta aplicación de la ley. También refiere que una ley general de aguas (que lleva un retraso de ocho años) debe garantizar y proteger la sustentabilidad hídrica, precisar bajo qué condiciones se debe garantizar el derecho humano al agua, establecer un sistema que permita monitorear la implementación y los resultados de la política, y establecer la alineación entre la planeación de los estados y las prioridades nacionales, plasmadas en el Programa Nacional Hídrico.
