La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas sufrió un recorte en 2019 y en 2020 que le impidió operar equipo especializado y capacitar a su personal, además de que casi todos los funcionarios de esa instancia tienen cargo directivo y sólo hay cinco trabajadores de campo, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En 2019, documentó, el recorte fue de 156.1 millones, esto es 61 por ciento menos de 440.7 millones autorizados en el presupuesto, y para 2020, debido a que Hacienda reorientó fondos para la pandemia, bajó al mínimo el rubro de capacitación e incluso la comisión de la Ciudad de México no contó con fondos para pagar el trámite de tarjeta de circulación de una camioneta que, por esa razón, no se utilizaba.
Lo mismo ocurrió con dos drones adquiridos en 2019 y que se recibieron a fines de ese año. Durante 2020 estos aparatos no pudieron utilizarse en la búsqueda de personas porque “no hay presupuesto, personal capacitado ni certificado para su uso”, según justificó la comisión capitalina a los auditores.
Como parte del informe de la cuenta pública 2019, el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados encontró debilidades de control interno en la comisión, así como irregularidades en el perfil que se requería de los funcionarios que integran esa instancia.
Por ejemplo, la ASF documentó que todo el personal está contratado con carácter eventual, en algunos casos no se cumplió con el perfil académico ni experiencia necesaria e incluso no todos comprobaron la certificación en materia de búsqueda de personas.
En 2019, la comisión contó con 43 plazas; de éstas, cuatro fueron de nivel superior, incluida la directora; 34 correspondían a niveles de mandos medios y sólo cinco de carácter operativo. Además, por el carácter del trabajo, no hay horarios definidos, pero la auditoría confirmó que no hay control de asistencias.
La revisión incluyó a la comisión de Coahuila. Ahí, para la construcción del Centro de Identificación Humana, el contrato que se otorgó por adjudicación directa elevó su costo 12.6 por ciento y los auditores corroboraron que, a pesar de estar concluido, aún no entra en operación.
