Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ayer que los gobiernos que sancionan a su país en medio de la pandemia del Covid-19 evidencian gran crueldad, en momentos en que la Unión Europea (UE) impuso medidas coercitivas a otros 19 funcionarios, legisladores y miembros de las fuerzas de seguridad de la república bolivariana en respuesta a las elecciones legislativas de diciembre.

“Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, desacatando los llamados de la comunidad internacional”, señaló el mandatario, en declaraciones ofrecidas durante la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Maduro explicó que su país ha sido objeto en los últimos siete años de más de 450 sanciones que han generado una compleja situación económica.

“Por medio de las mal llamadas sanciones, Venezuela ha sido privada de al menos 30 millones de dólares en efectivo, que forman parte de los activos de la república en el exterior, recursos que debieron y deben ser utilizados para atender la salud, la alimentación y los derechos integrales de nuestros pueblos”, agregó el presidente.

Durante su intervención en la videoconferencia, Maduro dijo que su país está decidido a trabajar con los actores del Consejo de Derechos Humanos, pero advirtió que no aceptará injerencias, y manifestó su reconocimiento al trabajo orientador de la Organización Mundial de la Salud para coordinar la implementación de la metodología para tratar el nuevo coronavirus.

De su lado, la Unión Europea impuso sanciones a otros 19 funcionarios venezolanos a los que acusó de socavar la democracia o de violar derechos humanos en el país sudamericano, congeló sus activos y les prohibió viajar a cualquiera de las 27 naciones del bloque.

Los aliados de Maduro ganaron casi todos los escaños de la legislatura en las elecciones de diciembre pasado, que tampoco fueron reconocidas por Estados Unidos.

Con esta decisión suman 55 funcionarios venezolanos sujetos a sanciones de la UE.

La UE señaló que las medidas no están diseñadas para “tener efectos humanitarios adversos o consecuencias involuntarias en la población venezolana y pueden revertirse”.

El gobierno de Maduro rechazó las sanciones y las consideró “una expresión de su frustración ante el fracaso de su agresión” contra Venezuela.

“Señalar con falsos argumentos a ciudadanas y ciudadanos honorables como reacción ante la frustración de un grupo de Estados miembros de la UE por la manifiesta ineficacia de sus acciones para forzar un cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela, no es más que otra torpe decisión cuya única intención apunta a afectar negativamente el diálogo político que se desarrolla en el país”, expresó el gobierno venezolano en un comunicado divulgado por el canciller Jorge Arreaza a través de su cuenta en Twitter.

“Venezuela reitera y denuncia el carácter arbitrario de estas pretendidas sanciones, sin asidero jurídico alguno en las normas compartidas del derecho internacional”, añadió el escrito.

También el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela calificó de injerencistas las medidas de la UE, que afectan a diputados de la Asamblea Nacional, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y responsables de organismos policiales.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, indicó que las sanciones son una “abierta agresión contra la soberanía venezolana, que buscan entorpecer la consolidación de la paz y el entendimiento entre los venezolanos, independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas”.