Quisieron posicionarlas como “ejemplares” y “socialmente responsables” –dado que, según dicen, en su nación de origen cumplen con todas las leyes–, pero en los hechos son recurrentes las denuncias (laborales, fiscales y más) en contra de los consorcios mineros canadienses que operan en nuestro país mediante generosas concesiones otorgadas por el gobierno federal, para extraer, principalmente, oro (de éste, alrededor de 70 por ciento está bajo su “resguardo”).
La actitud de los consorcios mineros canadienses no es nueva y se acostumbraron a que los gobiernos neoliberales les permitieron todo tipo de excesos y todavía les aplaudieran. Sin embargo, los representantes del país de la hoja de maple se “incomodaron” con la llegada del nuevo régimen, porque los hace cumplir con la legislación vigente. Y eso ya no les gustó.
A principios de mes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que (auditorías de por medio) el gobierno de México obtendría más de 500 millones de dólares (alrededor de 11 mil millones de pesos) de la minera canadiense First Majestic Silver por impuestos no pagados, tras mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante la última década con el fin de “trasladar” las ganancias a paraísos fiscales. He ahí una muestra de los “ejemplares” y “socialmente responsables” que son los citados consorcios.
Ayer el presidente López Obrador recordó el caso anterior e hizo un llamado al embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark (lo fue en Perú y Bolivia, países mineros), que tome carta en el asunto, porque hay empresas de esa nacionalidad que operan en el país y no quieren pagar los impuestos que, por ley, les corresponden.
También lo “exhortó” para que dichos consorcios atiendan los reclamos de los trabajadores, a los que dan largas y más largas. Sin embargo, sucedió algo inaudito, pues ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que preside Napoleón Gómez Urrutia, llegó a un acuerdo con la evasora First Majestic, por medio del cual se concretó un aumento integral de 17 por ciento (aumento directo al salario, 8 por ciento; bonificaciones, 6 por ciento, y prestaciones, 3 por ciento) para los trabajadores de la mina de Toyoltita, Durango.
Pero en materia impositiva ni un milímetro de avance, porque empresas como la citada, dice el presidente López Obrador, recurren a despachos de abogados que pretenden llevar el litigio a instancias internacionales, “cuando se trata nada más de una obligación fiscal; tiene que pagar impuestos y no los quiere pagar, y está queriendo utilizar el tratado (T-MEC) para ir a tribunales internacionales”. Entonces, “ojalá y el embajador, sí, ojalá y los convoque a que entren en razón porque eso no se puede permitir”.
Y no es la primera vez que el presidente López Obrador “invita” al consorcio minero a que cumpla con su obligación fiscal, ni “convoca” al embajador canadiense. De hecho, la “invitación” de ayer no es más que la reiteración de lo que públicamente dijo en junio de 2020, cuando advirtió que “algunas empresas mineras canadienses no están al corriente (en el pago de sus impuestos) y quieren ir a tribunales internacionales; entonces, aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Canadá (en México, es decir, el mismo Graeme C. Clark) para que nos ayude a convencerlas; ¿para qué vamos a tribunales?, si es muy claro que tienen esas deudas con el SAT, y ojalá nos ayude a convencerlas”.
No se sabe si el diplomático canadiense no ha sido notificado de la petición o, tal vez, tenga problemas auditivos, pero lo que sí es que ocho meses después de la petición original, el embajador en nada ha contribuido para corregir la “anomalía fiscal” del consorcio minero de su país, al que los gobiernos neoliberales le otorgaron concesiones que amparan más de 200 mil hectáreas de territorio mexicano, mismas que estipulan que toda diferencia se resolverá conforme a las leyes mexicanas y en tribunales mexicanos.
Las rebanadas del pastel
Los abajo firmantes del Pacto por México se comprometieron (diciembre de 2012) expedir “una nueva ley para la explotación minera”, la cual, casi ocho años después, brilla por su ausencia.
