La fiscalización a grandes contribuyentes, aquellos con un ingreso anual arriba de mil 500 millones de pesos, se ampliará este año principalmente a los sectores de bebidas y tabaco, financiero, hidrocarburos y telecomunicaciones, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, y el administrador general de Grandes Contribuyentes, Antonio Martínez Dagnino, se reunieron con representantes de diversas cámaras y asociaciones del sector privado para dar a conocer el Plan Maestro de Operación 2021 de la Administración General de Grandes Contribuyentes, el cual tiene como objetivo incrementar la recaudación de los grandes contribuyentes a través de la mejora en el proceso de fiscalización.
Buenrostro Sánchez aseguró que los actos de fiscalización o auditorías se efectuarán en un marco de legalidad, seguridad jurídica y apertura al diálogo con todos los contribuyentes.
Entre los rubros adicionales de fiscalización para 2021 están: Impuesto Sobre la Renta, repatriación de capitales, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), acreditamientos y saldos a favor , así como el estímulo de la región fronteriza sur.
Entre las reformas mencionadas para optimizar la fiscalización se han identificado los márgenes de utilidad, deducciones y tasas por sectores, razón de negocios, esquemas reportables, límite de deducción de intereses y modificaciones en la tramitación de acuerdos conclusivos.
El plan maestro centra sus objetivos en la implementación de métodos ágiles en casos que fueron exitosos en el cobro durante ejercicios anteriores, priorizando los sectores económicos con utilidades durante 2020.
Además, fiscalización estratégica en materia del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y derechos. Se continuará incentivando la autocorrección en las auditorías en proceso a través de la inclusión de argumentos claros y sólidos que permitan el acercamiento de los contribuyentes.
De igual forma, se está haciendo uso intensivo de las herramientas de programación y fiscalización establecidas en las reformas fiscales de 2019 y 2020, así como del intercambio de información internacional para la detección de cuentas en el extranjero.
Además de programar auditorías profundas cuyo origen sean las irregularidades identificadas en la dictaminación de saldos a favor del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado.