La creación de la Guardia Nacional (GN) presentó diversas irregularidades que ponen en riesgo su meta de reducir la incidencia delictiva, según la revisión de la cuenta pública 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El reporte advierte que algunos efectivos asignados a la nueva corporación no cumplieron con todos los requisitos exigidos en la ley, además de que su despliegue no se realizó en función de la incidencia delictiva.

“Si bien la GN se encuentra en etapa de conformación, si no corrige las deficiencias se corre el riesgo de que los elementos responsables de la seguridad pública no cuenten con una formación policial civil; y de que el despliegue de los efectivos no contribuya a la baja de incidencia delictiva en las entidades federativas.”

En su análisis, incluyó la desarticulación de la Policía Federal, a cuyos integrantes se les ofreció pasar a la GN con sus derechos laborales.

La ASF determinó que su liquidación se hizo sin una estrategia consolidada y estuvo a cargo de una unidad de transición, cuyas atribuciones y funciones no se formalizaron en ningún documento, por lo que no hay modo de evaluar si cumplió o no con ellas.

“Los planes de trabajo elaborados por la unidad de transición no se encuentran autorizados ni difundidos a su personal; asimismo, no emitió su plan estratégico para la extinción de la Policía Federal para su aprobación por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, señala la ASF.

La falta de regulación llevó a pagar 18 millones 364 mil pesos por compensaciones, pero sin evidencia documental de su entrega a las cuentas de los beneficiarios.