Grupos de la delincuencia organizada acuden con microempresarios, agricultores o comerciantes de comunidades que no tienen acceso a servicios financieros y les ofrecen créditos, para después extorsionarlos o quitarles sus propiedades, afirman autoridades y participantes del sector financiero.
No es una práctica nueva, indican, es un problema que el país lastra desde hace varios años debido a la falta de apoyo y desarrollo en los pueblos de México.
“Hay comunidades en Yucatán, por ejemplo, donde llegan muchas financieras, lo peor del caso es que no son financieras, es delincuencia organizada que llega y dice que prestará 2 mil o 3 mil pesos a las personas y después les cobran, y la gente paga porque reciben sus apoyos, pero los engañan y les terminan cobrando 15 o 20 mil pesos”, explica Diana Álvarez Maury, directora general del Banco del Bienestar.
En una reunión en la que participó La Jornada, advierte que el problema es que cuando las personas ya no cuentan con recursos para poder pagar estos créditos “les exigen que den sus tierras, entonces existen estos abusos a nivel comunitario”, incluso, pagan con los recursos que proporciona el gobierno por medio de los programas sociales.
Claudia Revilla, directora general de ProDesarrollo, una firma que reúne a diversas microfinancieras, precisa que este problema existe desde hace varios años debido a que los bancos tradicionales no llegan a esas zonas y las personas no cuentan con fuentes de financiamiento para sus negocios.
“Claro que la delincuencia organizada esté dando créditos y esto obedece a la discriminación que han exacerbado los bancos con su cierre de cuentas o de sucursales, es una consecuencia”, apunta en entrevista.
“El problema no sólo es jurídico y tema de agenda de prevención en materia de lavado de dinero, sino de la extorsión de clientes frente a estos grupos cuyas estrategias de cobranza incluso ponen en riesgo su integridad física más allá de la patrimonial”, agregó Revilla.
Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios de Usuarios Financieros (Condusef), señala que este problema se tiene detectado, pero hasta el momento no hay quejas.
“Se combinan dos factores: la extorsión y los llamados créditos express, que son un engaño. Es un asunto complejo en localidades aisladas, rurales, sin conectividad o computadoras, donde es muy difícil saber si quien te ofrece un crédito es una institución autorizada.”
Según el estudio Geografía de la inclusión financiera realizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el país hay 68 mil 488 localidades que no cuentan un punto de infraestructura financiera en un radio de 2 kilómetros; 50 mil 863 que no cuentan con ningún punto de infraestructura en un perímetro de 4 kilómetros y 30 mil localidades sin acceso en un área de siete kilómetros.
Un punto de infraestructura financiera puede ser una sucursal bancaria, un cajero automático o un corresponsal como las tiendas Oxxo. En este sentido, Chiapas, Puebla, Veracruz y el estado de México son las entidades con más carencias de servicios financieros.
“Tenemos que ver la forma de sacar estos grupos y buscar cómo defender a nuestras comunidades, que reciben los apoyos, pero se convierten en víctimas de la delincuencia organizada o de las financieras que abusan de ellos, el Banco del Bienestar ahí podría actuar”, refiere Álvarez Maury.
“Eliminar esto se logra con educación financiera, con valor, incentivos y reconocimiento de los integrantes del sistema financiero y con acceso a fondeo”, agrega Claudia Revilla de ProDesarrollo.
