El martes, el gobierno de Estados Unidos anunció que a partir del jueves 19 reanudaría el trámite de solicitudes de asilo de las personas registradas en el programa eufemísticamente denominado Protocolos de Protección Migratoria (MPP, por sus siglas en inglés), más conocido como “Quédate en México”. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de ese país, cerca de 25 mil personas tienen casos abiertos bajo dicho esquema, creado por el ex presidente Donald Trump para obligar a todos los refugiados a permanecer al sur del Río Bravo en espera de que sus solicitudes fueran procesadas.
Las autoridades estadunidenses y las organizaciones que ofrecen albergue y apoyo legal a los migrantes han sido enfáticas en que únicamente los inscritos en el MPP podrán calificar para el asilo. Sin embargo, la noticia de que la “tolerancia cero” impuesta por Trump llegaba a su fin, bastó para que centenares de personas se presentaran en los pasos fronterizos o en instalaciones del Instituto Nacional de Migración con la esperanza de beneficiarse de las nuevas políticas migratorias y así culminar el largo peregrinaje hacia territorio estadunidense. Según sus propios testimonios, algunas de ellas esperan cruzar desde 2019.
En Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros y otras localidades limítrofes, se sucedieron escenas de personas que enfrentaron el frío glacial que azota a la región con tal de externar su desesperación y buscar un resquicio en las todavía herméticas disposiciones migratorias estadunidenses que les permita reunirse con sus seres queridos, aliviar su acuciante situación económica o ponerse a salvo de la violencia que amenaza su integridad física y patrimonial. Así ocurre en casos como el de Alexa, una mujer de Guerrero que llegó a Mexicali hace seis meses, después de que a su marido lo sacaran de su casa y lo asesinaran. Historias como ésta se repiten entre migrantes provenientes de Honduras o El Salvador, naciones que enfrentan los índices de violencia más altos a escala mundial; pero también se hace presente la desazón de quienes abandonaron sus regiones de origen por la falta casi total de medios de subsistencia.
Además de los padecimientos que los orillaron a tomar camino hacia el norte, en su recorrido hacia la frontera compartida por México y Estados Unidos, los migrantes –tan- to los connacionales como los llegados de otras latitudes– enfrentan la amenaza de grupos del crimen organizado que los hostigan e incluso secuestran, ya sea para sustraerles sus escasas pertenencias, exigir un rescate a sus familiares o reclutarlos de manera forzosa en actividades delictivas. Para las mujeres, a todos estos riesgos se suma una omnipresente violencia sexual que no pocas veces cobra las formas extremas de la violación y el feminicidio.
Por todo lo dicho, cabe hacer votos para que el ambicioso plan de reforma migratoria presentado esta semana por el presidente Joe Biden logre superar la cerrazón y los exabruptos xenofóbicos imperantes en el Partido Republicano, a fin de que ese país, formado por migrantes, cuente con una legislación en la materia a la altura de su propia historia. Del lado mexicano, es urgente llamar a la solidaridad de autoridades, organizaciones y del conjunto de la sociedad con la finalidad de atender las necesidades elementales de quienes se encuentran de paso por el territorio nacional, ya sea que logren cruzar la frontera en las próximas semanas o que se vean forzados a esperar de manera indefinida.
