Madrid. Por cuarta noche consecutiva, en las principales ciudades de Cataluña, sobre todo en Barcelona y Girona, se escuchó el grito “¡Libertad, Pablo Hasél!”

En esta ocasión, la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, se limitaron a proteger los edificios públicos y a evitar cualquier tipo de contacto directo con los manifestantes, que recorrieron las ciudades con gritos de protesta; en el caso de la capital catalana también incendiaron decenas de contenedores y botes de basura y provocaron graves destrozos en cuatro sucursales bancarias. No se informó ni de detenidos ni de heridos en la jornada de ayer. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, rompió el silencio y condenó los ataques “violentos”.

Pablo Hasél es el rapero catalán detenido el pasado martes por una serie de delitos continuados, al acumular hasta cuatro condenas por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona, a las instituciones, allanamiento de morada, desobediencia a la autoridad, amenazas, así como agresiones a una periodista y a una testigo de un juicio.

Su ingreso en prisión fue ratificado por la Audiencia Nacional de España, que lo envió a una cárcel de su localidad, en Lleida, donde tendrá que pasar al menos nueve meses por exaltación del terrorismo, aunque la condena podría ampliarse si la Audiencia Provincial de Lleida ratifica otra sentencia de dos años y medio de cárcel, por insultos y vejaciones a una testigo.

Su detención ha provocado una ola de solidaridad y protestas en todo el país, sobre todo en Cataluña, en los sectores más jóvenes del independentismo y el antifascismo, que han desplegado actos de protesta y sabotaje similares a los que protagonizaron en 2019, cuando se ratificó el castigo de hasta 10 años de cárcel a los líderes independentistas que fueron juzgados por la declaración unilateral fallida de independencia del Estado español.

Jóvenes construyen barricadas con fuego

En Barcelona, en la jornada de ayer, alrededor de 500 jóvenes partieron de la Plaza Urquinaona para dirigirse a la comisaría de la Policía Nacional, en la Vía Laietana. Ahí se detuvieron durante unos 15 minutos, en los que se dedicaron a lanzar insultos y objetos, como piedras y botellas a los agentes antidisturbios que protegían el edificio detrás de unas vallas metálicas. Los 10 furgones de los agentes autonómicos que en principio custodiaban la protesta salieron huyendo cuando unos 50 jóvenes los atacaron con piedras y trozos de adoquines. En esta ocasión tenían órdenes de no actuar contra los manifestantes y así ocurrió durante toda la protesta, en la que, a diferencia de las noches anteriores, no se registraron enfrentamientos directos.

En cualquier caso, los grupos antifascistas sí prendieron fuego a decenas de contenedores y botes de basura, con lo que formaban barricadas. Además, durante su marcha por el centro de la ciudad también destrozaron unas cuatro sucursales bancarias; en al menos dos de ellas los manifestantes entraron hasta las oficinas y provocaron graves daños en el interior del local. En uno de esos sabotajes, un muchacho lanzó una bengala que provocó un pequeño incendio; los propios manifestantes lo apagaron ante el temor de que se propagara y acabara expandiéndose a las viviendas del edificio donde viven familias.

También gritaron consignas contra el “Estado fascista español”, “los Borbones, que son unos ladrones” e incluso contra la prensa “española”, a la que acusaban de “manipuladora”, así como de “falsos de mierda” y “maricones”. También corearon las consignas de otros días contra la policía, como “pim, pam, pum, que no quede ninguno” o “policía, asesina”.

En Girona las protestas también recorrieron el centro de la ciudad sin que hubiera enfrentamientos ni heridos ni detenidos.

Por primera vez desde el estallido de las movilizaciones, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, rompió el silencio y condenó los actos de violencia, al sostener que “en una democracia plena como es España la violencia es inadmisible”.

Las protestas por la detención de Hasél también provocaron cierta fractura en la coalición del gobierno español, sobre todo por el ala de Unidas Podemos, que respaldan y alientan las movilizaciones.