Ciudad de México. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) impulsa una estrategia con el fin de atacar el decreto del gobierno federal emitido el 31 de diciembre para la eliminación del uso del glifosato en el país, con una inversión inicial de 12 millones de pesos para la presentación de 10 amparos, la identificación de las violaciones a los acuerdos internacionales y una campaña de comunicación para reforzar las acciones legales.

Ayer el organismo, encabezado por Juan Cortina, que agrupa a empresarios agroindustriales, mantuvo una reunión virtual con los asociados para afinar la estrategia. El decreto “genera una gran incertidumbre con respecto a los permisos de importación de glifosato y el otorgamiento de nuevas autorizaciones de importación de maíz genéticamente modificado, que afectará de manera muy importante a nuestro sector”, señala la convocatoria al encuentro.

En la propuesta de la estrategia se menciona la contratación de un grupo de abogados con el fin de que emprendan las acciones legales en el país, además del despacho Agon para el tema internacional –del cual es socio Kenneth Smith, ex jefe técnico del gobierno de México en las negociaciones del T-MEC–, y una empresa de comunicación. Asimismo, plantea el establecimiento de un fondo para financiar el plan.

En el documento se argumenta que el decreto vulneró el procedimiento de mejora regulatoria y “presenta violaciones tanto a diversas leyes federales como a varios acuerdos internacionales”. Indica que se presentarán amparos cuyos quejosos sean personas físicas o morales con posibilidad de acreditar interés legítimo y cuyos efectos, tanto en la suspensión como en el amparo, beneficien a toda la industria.

Señala que sobre la intención de sustituir el uso del glifosato en el campo y la revocación de permisos de liberación de maíz transgénico, que plantea el acuerdo gubernamental, se busca “demostrar legalmente la afectación que tendría para el sector agroalimentario, anteponiendo derechos conculcados o afectaciones generales dañinas a la población o la economía nacional”.

Agrega que es indispensable identificar las violaciones al T-MEC y valorar los daños que pudieran representar posibles represalias de Estados Unidos, “el posible monto de éstas se convierte también en una herramienta para que el gobierno de México dimensione el tamaño de las consecuencias que pudiera generar” el decreto.

Refiere que con la campaña de comunicación se sensibilizará al Poder Judicial en las regiones, donde se buscará fortalecer, “alrededor de los juzgados, los mensajes clave con respecto a los impactos económicos, sociales y de seguridad alimentaria”.

El herbicida glifosato en México se utiliza en la siembra de alimentos como maíz, chile, frijol, papa y cítricos, además de que está asociado al cultivo de productos transgénicos. De acuerdo con fuentes del CNA, este organismo es representado por Laura Tamayo, ex directora de Asuntos Corporativos de Monsanto, en un grupo técnico de la Secretaría de Agricultura para dar seguimiento al decreto presidencial de diciembre.