Representantes de la ONU, académicos y activistas coincidieron en que crear un marco jurídico que regule las redes sociales debe partir de un debate amplio, participativo, en que se rinda cuentas a las diferentes voces y con los más altos estándares internacionales.
La regulación tendrá que basarse en la transparencia y la posibilidad de limitar un contenido en línea debe estar sujeto a escrutinio, con la posibilidad de apelar en el caso de quienes consideren injusta la decisión, resaltó Jesús Peña Palacios, de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Al participar en un foro a distancia, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Senado, en torno a la iniciativa presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, hubo opiniones contrarias a esa reforma y se debatió sobre la posibilidad de mantener la autorregulación de las grandes plataformas digitales.
En la inauguración, el senador Monreal insistió en que de no reglamentarse las redes sociales en México se perpetuará un escenario de incertidumbre jurídica y vulneración de los derechos humanos y las libertades civiles.
Resaltó que en todo el mundo los derechos humanos son protegidos por el Estado, “por lo que los entes privados deben estar sometidos a la ley, para garantizar la plena efectividad de laslibertades de los usuarios delas tecnologías de la información y la comunicación”.
Resaltó que en México el número de usuarios de redes sociales aumenta cada día y de los 131 millones de habitantes en el país, 67 por ciento son usuarios activos, es decir, 88 millones de personas. En ese entorno digital hay fenómenos nocivos como la creación de cuentas falsas, mensajes discriminatorios y racistas, discursos de odio, el ciberacoso, la pornografía infantil, entre otros, detalló.
Luis Fernando García, de la Red y la Defensa de los Derechos Digitales, expuso que el problema no es de libertad de expresión, sino de competencia, porque algunas de las empresas que actúan en Internet han acumulado tanto poder que son capaces de tomar decisiones que afectan de manera sensible los derechos humanos.
A su juicio, sin embargo, la iniciativa de Monreal presenta “graves inconsistencias, ya que, por ejemplo, no define claramente cuáles son los sujetos regulados, además de que la propuesta de reglamentar el discurso en línea es muy delicada”.
