A principios de este mes fue detenido en Lérida el cantante Pablo Rivadulla Duró, mejor conocido como Pablo Hasél, imputado desde 2018 por los delitos de “enaltecimiento del terrorismo e injurias a las corona e instituciones”. Fue su cuarta o quinta captura desde que, en octubre de 2011, fue arrestado por componer e interpretar la canción Democracia su puta madre, en la que ensalzaba a un convicto de terrorismo. En el episodio más reciente, Hasél se encuentra sujeto a un proceso penal con condena de nueve meses de prisión.
Independientemente de los actos violentos en los que haya tenido participación en el pasado, esta vez es claro e inequívoco que el músico se encuentra en prisión por sus expresiones críticas al Estado español en su conjunto y algunas de sus instituciones en particular, como la policía y la guardia civil, las instancias judiciales, algunos partidos políticos y, muy particularmente, la casa real y sus integrantes.
De hecho, durante una audiencia judicial el fiscal que lleva el caso citó in extenso la canción Juan Carlos el Borbón (https://youtu.be/S6VcZidg66Q) para pedir la condena del rapero, conforme a los artículos 490 y 491 del Código Penal: “El que calumniare o injuriare al rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o a algún miembro de la regencia, o al príncipe heredero de la corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a 12 meses si no lo son”. Y luego: se impondrá la pena de multa de seis a 24 meses al que utilizare la imagen del rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la reina consorte o del consorte de la reina, o del regente o de algún miembro de la regencia, o del príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la corona”.
Al margen de la procacidad, el extremismo o la violencia que pudiera reprocharse al músico (https://is.gd/JsuLpl), semejante pieza legal es una doble afrenta a los derechos humanos y a los principios democráticos, tanto porque criminaliza la libre expresión como porque otorga a los integrantes de la corona española privilegios de los que no goza el resto de los ciudadanos. Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha exigido a Madrid que suprima ese pasaje impresentable de su legislación, la clase política española –incluidos el PP, Ciudadanos y el PSOE– se han negado persistentemente a hacerlo.
Con o sin injurias al rey y a su familia, en 2019 había en España 14 artistas bajo proceso penal por delitos de opinión, un número superior al de Turquía (13) y Rusia (cuatro). Sin embargo, esos dos últimos países aparecen en rojo ominoso en los mapas mundiales de la libertad de expresión que suelen elaborar organizaciones civiles occidentales, en tanto que al territorio español lo tiñen de un azulito claro indicativo de tolerancia (https://is.gd/22DPIR).
En septiembre pasado, en México, poco más de medio millar de personalidades de la academia, las artes, la ciencia, los medios y el espectáculo publicaron un desplegado titulado “En defensa de la libertad de expresión / Esto tiene que parar” en el que acusaban al gobierno y al presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener “bajo asedio” la libertad de expresión, de “utilizar un discurso permanente de estigmatización y difamación” tras el cual “han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno” (https://is.gd/rL3u14).
La situación imperante en España en materia de opinión perseguida, censurada y encarcelada, permite apreciar la tremenda desmesura de los redactores del documento mexicano, muchos de los cuales participan activamente en campañas de fabricación de calumnias contra el gobierno y el Presidente, como Enrique Krauze, cerebro furtivo de la llamada Operación Berlín (https://is.gd/3YT54X), sin que ello les haya significado la menor afectación en sus personas y sus bienes. Esa es una de las diferencias fundamentales entre Pablo Hasél y los que en México se quejan de que amenazan su libertad de expresión: el primero está preso y sentenciado, en tanto que los segundos gozan de plenos derechos y garantías. La otra gran diferencia es que el rapero catalán se encuentra en la cárcel por decir la verdad, como que Juan Carlos de Borbón es un corruptazo de marca o que la policía española es bestialmente represiva (https://is.gd/t1eIqM), en tanto que los quejosos mexicanos están libres a pesar de todas las mentiras que inventan día con día para desprestigiar al gobierno.
Pero si se pregunta a cualquier firmante del desplegado referido su opinión sobre la libertad de expresión en España, responderá que es envidiable, y que ojalá la tuviéramos en México.
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