La defensa de Rosario Robles Berlanga no ha aportado elementos importantes que lleven a la Fiscalía General de la República (FGR) a consolidar un acuerdo para negociar la reducción de la sentencia en el proceso que se le sigue por ejercicio indebido del servicio público, y que lleve a suspender la acusación por delincuencia organizada relacionada con desvío de recursos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Funcionarios federales y del Poder Judicial confirmaron que la FGR no ha notificado al juez de control Ganther Villar Ceballos que hubiera llegado a un acuerdo y estableciera una ruta de negociación para que la ex secretaria de Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto aporte los documentos y pruebas que lleven a identificar a todos los involucrados en la red de corrupción que participaron en la llamada estafa maestra.
Robles Berlanga cuenta con dos equipos de defensa, uno de ellos se hace cargo del proceso por ejercicio indebido del servicio público y el segundo, a decir de personas cercanas a los litigantes, es quien ha mantenido acercamientos con el Ministerio Público Federal para negociar que la ex secretaria de Estado obtenga los beneficios del criterio de oportunidad dentro de la investigación en la que se le acusa de delincuencia organizada.
De acuerdo con las fechas establecidas por el juez Ganther Villar Ceballos el pasado 10 de febrero, dio a las partes (defensa de Robles y Ministerio Público Federal) un plazo de cinco días para que le informaran cuándo iniciarán las pláticas para consolidar un acuerdo acerca del ofrecimiento de la ex titular de Sedesol de declararse culpable y que su situación se resuelva en un procedimiento abreviado, por lo que hace al proceso por ejercicio indebido del servicio público en el que se acusa que, por omisión, la ex funcionaria provocó un daño de más de 5 mil millones de pesos al erario federal.
La ex titular de Sedesol se encuentra presa desde el 13 de agosto de 2019 y, según sus defensores, al declararse culpable de ejercicio indebido podría alcanzar una pena máxima de dos años de prisión, por lo que ya solamente pasaría un semestre más en prisión, y si lograra un acuerdo para obtener el criterio de oportunidad ya no sería llevada a juicio por delincuencia organizada, pero debe aportar pruebas suficientes para llevar a juicio a todos los funcionarios involucrados en los desvíos de recursos federales.
