Morena y sus aliados, con el voto del PRD y parte del PRI, aprobaron ayer en el Senado la minuta que reforma diversas leyes para ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa a los delitos considerados graves, que incluyen el uso de programas sociales con fines electorales, el feminicidio, robo de casa habitación, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol.

Luego de aprobarla con 62 votos a favor, 36 en contra –del PAN, MC y parte del PRI– y una abstención, la mesa directiva la envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Al aprobar este cambio, se cumple con el mandato surgido de la reforma al artículo 19 constitucional, donde se establecieron nuevos delitos considerados graves y meritorios de prisión preventiva oficiosa y se armonizan las leyes secundarias para aplicar plenamente esta medida cautelar y evitar malinterpretaciones en la impartición de justicia.

Con esta reforma, en la actual contienda por primera vez se sancionará con prisión preventiva oficiosa el desvío de recursos para los procesos electorales.

Esta reforma tuvo su origen en el Senado en julio de 2020 y establece la legislación secundaria relacionada con la modificación al artículo 19 de la Constitución Política, que amplía el catálogo de los delitos graves a los que se les aplicará esa figura jurídica.

Ayer, en la sesión virtual, el Senado sólo discutió y aprobó por mayoría la modificación que hizo la Cámara de Diputados a la minuta que le remitió la Cámara Alta, de la que eliminó el cuarto párrafo del artículo 167 del Código de Procedimientos Penales, por el que se aplicaría la prisión preventiva oficiosa a los delitos cometidos con arma réplica –como se establecía en la propuesta original–, ya que consideró que esta disposición se extralimita y legislaba más allá de lo ordenado por el decreto constitucional.

El Senado se allanó al cambio que realizó San Lázaro para descartar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a los delitos cometidos con arma réplica, ya que esa cámara advirtió que ese delito no está tipificado.

Aunque el tema de discusión era sólo la elimiación del cuarto párrafo del artículo 167 del Código de Procedimientos Penales, el PAN centró la discusión en toda la reforma e insistió que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos.

Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, dijo que la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es contraria al principio de progresividad del reconocimiento a los derechos humanos, por lo que “la reforma atenta contra el principio de presunción de inocencia y valida la restricción a la libertad de una persona”.

Mientras su correligionario, el senador Eruviel Ávila, respaldó el dictamen y expuso la importancia de incluir la portación ilegal de armas de fuego dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues más de la mitad de los homicidios en México durante la última década se han llevado a cabo con estos artefactos.