Bogotá. Al menos 6 mil 400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008, reveló ayer el tribunal de paz que investiga los crímenes más atroces del conflicto interno.

El número casi triplica la cifra de víctimas conocida hasta el momento y dimensiona este “fenómeno macrocriminal”, como lo llamó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El tribunal, que surgió de los acuerdos de 2016 que condujeron al desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encontró que “por lo menos 6 mil 402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008” durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

Conocida en el argot militar como “falsos positivos”, esta práctica destapó el peor escándalo que involucra a las fuerzas oficiales en seis décadas de lucha contra los grupos rebeldes.

Aunque el alto mando castrense siempre ha negado que fuera una acción sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los múltiples crímenes, evidenciando un body count, conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra interna.

Hasta el año pasado, la fiscalía había reconocido 2 mil 249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014 e investigaba a 29 generales.

La JEP se ocupa de las violaciones más graves de derechos humanos cometidas por guerrilleros y soldados durante el enfrentamiento. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión, pero si no lo hacen, se exponen a condenas hasta de 20 años.

Blanca Monroy, madre de uno de los jóvenes asesinados por los militares en 2008, aplaudió el avance de las investigaciones.

Hasta ahora “solamente pensábamos” que las ejecuciones “eran de 2006 para acá”, pero “se ve que en todos los territorios” hubo “muchos falsos positivos”, indicó a la Afp, y agregó: “Nos da tristeza que el ejército, que es el que nos tiene que cuidar (...) haya dejado a tantas madres llorando, tantos hijos huérfanos, tantas hermanas tristes”.

El ex presidente Uribe, que rechaza la competencia de la JEP por considerarla una concesión a la guerrilla que combatió ferozmente, consideró que el tribunal está cometiendo un atropello en su intento por desacreditar a su gobierno.

En una declaración pública, negó que hubiera instigado a las tropas a “violar la ley” cuando les exigía eficiencia.

Para la abogada de dos militares que confiesan en la JEP, Tania Parra, el informe de este jueves revela además que hubo complicidad de autoridades para ocultar estos hechos. Por “los muertos siempre se abría una investigación”, pero “o no hay resultados o (...) absuelven” a los responsables, comentó.