Buenos Aires., Al superar un periodo de estancamiento durante el gobierno anterior, este año se impulsa una agenda de derechos humanos muy importante, por lo que este jueves un tribunal federal condenó a ocho marinos y policías y a un civil en el cuarto juicio contra delitos de lesa humanidad perpetrados durante la pasada dictadura militar (1976-1983) en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), que junto con los cuarteles de Campo de Mayo tienen el mayor registro de desaparecidos, asesinatos y tormentos durante ese trágico periodo histórico.
A prisión perpetua fueron condenados el ex oficial de la Armada Carlos Castellvi, el ex agente de policía Raúl Cabral y el civil Miguel Conde, miembros de inteligencia que actuaban en grupos de tareas en secuestros y torturas.
Con una condena a 15 años de prisión resultaron los ex suboficiales de la Armada Carlos Carrillo, José Iturri, Jorge Ocaranza y Ramón Zanabria, mientras Claudio Vallejos, cuya extradición se logró desde Brasil, deberá cumplir seis años de cárcel.
Vallejos era oficial del batallón de infantería de Marina y fue extraditado desde Brasil en 2012; estaba acusado por el secuestro de quien era embajador argentino en Venezuela, Enrique Hidalgo Solá, que fue asesinado y desaparecido el 18 de julio de ese año en Buenos Aires.
Fue el cuarto juicio de la Esma, el más grande, ya que se debieron dividir en varias causas por la cantidad de imputados y de víctimas. Se inició en agosto de 2018 con 10 acusados, de los cuales dos murieron durante el juicio, y 816 víctimas. Varios condenados están en prisión y algunos detenidos en su domicilio.
Entre los momentos más duros del juicio estuvo el caso de la sustracción de niños y niñas, nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres por el Grupo de Tareas 3.3.2 con su base operativa en la Esma. Entre los acusados fallecidos durante el juicio figura el teniente de navío Aníbal Roberto Colquhoun.
Entre algunas de las víctimas representadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) figuran Mónica Mignone, hija del fundador de ese organismo, y también Ariel Ferrari; Alcira Fidalgo; Sergio, Hugo y Betina Tarnopolsky; Blanca Edelberg; Laura del Duca; Pablo Lepíscopo; Fernando Brodsky; Graciela García y Marta Álvarez.
Por otra parte, el pasado 9 de febrero se realizó una nueva audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, que incluye a 442 víctimas, entre ellas 18 embarazadas, varios de sus compañeros y siete niños nacidos en cautiverio. En éste son querellantes las Abuelas de Plaza de Mayo, en una presentación en la que se tomó testimonio sobre la Operación Cóndor, ya que por esos siniestros lugares pasaron varios extranjeros, especialmente uruguayos secuestrados y desaparecidos en el contexto de esa acción.
El tribunal oral 1 de La Plata juzga a 18 policías y militares, entre los que se encuentran el ex comisario Miguel Etchecolatz, condenado en otras causas a cadena perpetua; el ex médico policial Jorge Berges, responsable de la sustracción de niños y niñas después de atender a sus madres cautivas, y Juan Miguel Wolk, responsable del Pozo de Banfield.
En estos siniestros centros de detención 18 mujeres embarazadas dieron a luz en cautiverio en condiciones infrahumanas después de sufrir torturas. Los relatos de los testimonios figuran entre los más duros que se escucharon en casos similares.
(Nota ampliada en La Jornada en línea, https://cutt.ly/JlqT3oE)
